La universidad es el lugar donde resuenan los procesos sociales

Este jueves la Comisión de la Verdad realizó el Encuentro por la Verdad ‘El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden’, un reconocimiento de las violencias contra el sector universitario en el marco del conflicto armado y las resistencias de docentes, funcionarios y estudiantes.

En nombre de Chucho Peña se inició el reconocimiento. El 30 de abril de 1986 fue desaparecido, torturado y asesinado. Era líder cultural, poeta y activista. Llegó a Bucaramanga después de huir de Medellín, donde fue amenazado. En la Universidad Industrial de Santander continuó sus labores culturales, artísticas y su compromiso social. Al igual que él, muchos han creído en el poder transformador de la educación y el arte y han insistido en la necesidad de expresar en voz alta sus ideas. Una convicción ética sobre la justicia que mueve a muchos al trabajo social y político.

Después de un recorrido histórico por la violencia contra las universidades, el comisionado Saúl Franco señaló que, durante el Paro Nacional de 2021, los campus universitarios fueron, nuevamente, objeto de hostigamientos. “La persistencia del discurso estigmatizador y sus consecuencias son un síntoma de la incapacidad social para aceptar la diversidad y el diálogo como base de la convivencia entre diferentes”.

Athemay Sterling, de la Universidad del Valle; Rosalba Campos Guevara, hermana de Gustavo Campos Guevara, detenido y desaparecido durante el caso conocido como Colectivo 82, y Gustavo Marín, sobreviviente de la masacre contra 15 personas de la Universidad de Antioquia, relataron cómo vivieron la estigmatización y el tratamiento militar a la protesta estudiantil.

La responsabilidad estatal

El general en retiro y exdirector de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, reconoció su responsabilidad y pidió perdón: “Cuando fui director de inteligencia contribuí a estigmatizar la Universidad por considerarla afín a grupos armados. Hoy pido perdón genuinamente. Fue un error no habernos acercado para superar las desconfianzas”.

Tras su intervención, la Comisión de la Verdad presentó cuatro reflexiones. Primero, que la estigmatización y el señalamiento de la fuerza pública contra la universidad ha sido continúa y sistemática. Segundo, que la doctrina del enemigo interno también se aplicó en el manejo de los conflictos universitarios. Tercero, que la alianza entre fuerza pública y organismos de seguridad del Estado con grupos de autodefensa y paramilitares tuvo efectos devastadores sobre la comunidad universitaria, el pensamiento crítico y la libertad de cátedra. Cuarto, que la impunidad ha sido otra constante.

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo que la Comisión está abierta a la escucha de las víctimas de todos los lados y hará su análisis a fondo para establecer responsabilidades políticas y éticas del Estado: “Quiero ponderar el reconocimiento del general Naranjo porque esto nos ayuda a que otros acepten sus responsabilidades. La Comisión escuchará a todos. Aunque nos critiquen por eso, no nos dejaremos afectar. Nosotros no tenemos enemigos. Estamos en contra del negacionismo de todos los lados, y en contra de las mentiras de todos los lados que no quieren ver la complejidad de lo que pasó aquí. Estamos para honrar a las víctimas y si eso trae reacciones de cualquier lado, de la extrema derecha o del Estado o de la extrema izquierda, cargamos con eso”.

Las insurgencias en el campus

Desde los años 80 también se registran en prensa, en testimonios e informes recogidos por la Comisión, acciones de propaganda armada por parte de guerrillas en campus universitarios. “Con estas acciones, las insurgencias profundizaron la guerra y la violencia en las universidades”, concluyó Francisco de Roux.

Nohemí Delgado, madre de Goldson Granados, estudiante de la Universidad Pedagógica asesinado en la masacre del Puracé, en 2001, por el frente 13 de las antiguas FARC-EP, exigió verdad: “Las madres elaboramos un informe requerido para solicitar verdad, justicia, reparación y no repetición, para que podamos ejercer el derecho de circular libremente por todo el territorio nacional”.

Franklin Carreño, exintegrante de la red urbana de FARC-EP en el Caribe, firmante del Acuerdo de Paz y hoy funcionario de la Gobernación de Magdalena, dijo que las universidades donde estuvieron no fueron un escenario de guerra y recordó que deben ser centros de pensamiento. A Franklin le siguió Álvaro Villarraga, exintegrante del EPL e investigador, quien dijo que reconocen más de 300 casos de infracción a los derechos humanos: “Nos sumamos a los pedidos de perdón”.

Pastor Alape pidió perdón a Nohemí y a todas las familias. Aclaró que las antiguas FARC-EP tenían debate político en algunas universidades, pero no tenían aparatos armados: “Lo que tenemos que debatir es cómo vamos a hacer para resarcir a la universidad como centro de pensamiento, crítico, amplio, donde el debate se pueda hacer. Pido perdón en el sentido de que esto tiene que movilizarnos para que efectivamente no vuelva a ocurrir”.

La toma paramilitar de las universidades

La comisionada Marta Ruiz comenzó este bloque con la palabra “terror”. “Porque lo que se vivió en las universidades por cuenta del paramilitarismo solo se puede llamar de esta forma”. Dijo que uno de los objetivos de la incursión paramilitar era controlar el pensamiento y apagar la crítica, apagar los lazos comunicantes entre la universidad y las comunidades que sufrían con las masacres y desapariciones. “La universidad no es un ente muerto, es el lugar donde resuenan todos esos procesos sociales y de violencia. Quisiera señalar el daño profundo que generó en el debate público y en el pensamiento crítico, el efecto y la pretensión de domesticar el pensamiento de la juventud, de los profesores y que el silencio se nos volviera costumbre”.

Otro objetivo, explicó la comisionada, fue acaparar las rentas que las universidades regionales recibían luego de la expedición de la Ley 30 de 1992: “Principalmente en el Caribe fue lamentable el entramado de paramilitares, élites económicas, políticos regionales y directivas de algunas universidades para captar sus rentas públicas, realizar acciones clientelares de forma violenta”.  

Paolo Moncayo, sobre las afectaciones en la Universidad de Nariño, dijo que sus familiares fueron perseguidos y asesinados por sus posturas políticas: “Consideramos fundamental que el sistema judicial garantice que los crímenes no queden en la impunidad. Pedimos que se declare a las familias como víctimas del Estado”.

Guillermo León Marín Pulgarín, comandante del Frente Brigadas Campesinas del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y Aníbal de Jesús Gómez Holguín, excomandante militar de la estructura, reconocieron su responsabilidad en los graves hechos de violencia y persecución en la Universidad de Nariño en la década del 2000. Dijeron que cometieron delitos atroces y que reclutaron en las universidades para saber cuáles estudiantes eran infiltrados de la guerrilla. “Hoy en un acto voluntario pedimos perdón por los daños causados, humildemente pedimos perdón”, dijo Aníbal Gómez.

Al igual que en Nariño, los corredores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) fueron testigos de la violencia silenciosa del señalamiento. Sobre este caso, dio su testimonio Ivonne Suarez Pinzón de la UIS, doctora en historia y coordinadora del archivo oral de memoria de las víctimas. Dijo que el Plan Pistola no fue una situación aislada, respondió a una política planeada de exterminio de la comunidad universitaria: “El terror funcionó como tecnología de poder, y la captura de los aparatos del Estado por el paramilitarismo llevó a una política planeada y sistemática de exterminio de la oposición y de los universitarios que apoyan el movimiento social”.

Darío Vásquez Padilla, sobreviviente e integrante de la organización estudiantil Alma-Máter de la Universidad del Atlántico recordó que quienes vivieron en carne propia el terror, saben “que luego de cada visita permanente realizada entre 1999 y el 2002 asesinaron a más de una docena de miembros de la comunidad universitaria y los familiares fueron amenazados para que no siguieran preguntando el porqué ellos habían sido asesinados” y aseguró que los escenarios de reconciliación dependen de la verdad y de que todos los actores asuman la responsabilidad que les compete.

Carlos Arturo Romero, exintegrante del Bloque Norte de las AUC, reconoció que fue “uno de los que cometió varios homicidios en la universidad del Atlántico: “Quiero decirles a sus familias que estoy arrepentido por haberles causado tanto daño y dolor. Estos asesinatos no debieron suceder, pido perdón a la sociedad y reitero mi compromiso de no repetición”.

La comisionada Marta Ruiz resaltó la necesidad de hacer pactos que permitan convertir a la universidad en un territorio libre de guerra y en un territorio libre de la corrupción que está alimentando la violencia.

Los cerebros jamás podrán ser anulados

Como cierre de la jornada se reconocieron las resistencias de las universidades. “La construcción colectiva, que se resiste a desaparecer por la violencia, esa misma que no deja de buscar a los desaparecidos, de denunciar la injusticia, de mantener y construir nuevas redes de afecto y de denuncia desde el exilio”, dijo la comisionada Alejandra Miller. En este espacio se escuchó a Martha Yaneth Ospina, hija de Hernando Ospina, detenido y desaparecido el 11 de septiembre de 1982 y a Yolanda Sanjuan Arévalo, hermana de Alfredo y Humberto Sanjuan Arévalo, detenidos y desaparecidos en 1982. Las mujeres recordaron que todas sus resistencias hacen parte del legado que dejan al país, a través de su compromiso por la memoria desde la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfaddes), durante 40 años. A ellas les siguió Iván Darío Mejía Toro, quien ha liderado la búsqueda de su hermano mellizo José Gabriel Mejía Toro, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia desaparecido en 1986, cuando tenía 26 años. “Estamos buscando que el tren de la historia nos lleve a la estación de la verdad”.

El rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, dijo que las universidades y los territorios deben articularse para seguir defendiendo la vida juntos.

El embajador de Alemania, Peter Ptassek, quien estuvo en el reconocimiento porque desde la embajada y las acciones del Instituto Capaz se ha apoyado un diálogo de saberes sobre la educación y su importancia como garantía de no repetición, recordó que decir verdades y pedir perdón no es un proceso fácil y que es importante enfrentarse con el pasado para que sea posible un futuro mejor: “Mantener la memoria vida es una forma de asegurar que esos terribles crímenes no se repitan”.

En este encuentro la Comisión de la Verdad se acercó a la comprensión de las dinámicas del conflicto armado en las universidades. Creemos que entender esto permite también revisar con sentido de realidad las necesidades estructurales de la educación pública de nivel superior. La universidad debe ser un bien público que no solo docentes, estudiantes y trabajadores del sector cobijen, sino sobre el cual el Estado y la sociedad se comprometan.

El evento cerró con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, diciendo que las universidades deben ser lugares de confianza colectiva. “Ojalá que, ante todo, las universidades sean lugares de confianza entre unos y otros, también en de las diferencias. Nadie puede ser asesinado en Colombia porque protesta, porque defiende sus ideas, porque lucha por posiciones diferentes en esta construcción colectiva”, puntualizó.

Vea aquí el evento en su totalidad ↓↓