La verdad de los pueblos indígenas del Caribe: impactos, resistencias y reivindicaciones

El pasado 28 de septiembre se realizó este evento cuya instalación estuvo a cargo de la comisionada Marta Ruiz, quien mencionó que los pueblos indígenas “han sido los guardianes de las sierras, los ríos, del mar; han sido herederos de esas luchas del pueblo caribe por la libertad, por su independencia y por su autonomía”.

La comisionada recordó que el conflicto armado interno impactó de manera diferencial y desproporcionada a los pueblos indígenas y sus territorios: “Es una continuidad de otras violencias ancestrales, la exclusión, el racismo, el abandono”.

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, el médico tradicional del pueblo Kankuamo Daniel Maestre habló de la verdad como “una de las cosas que en tiempos de guerra es la más alejada, humillada, oscurecida”.

Por su parte, Sonia Londoño, directora de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad señaló que se busca “reconocer la dignidad de los pueblos indígenas, las violaciones cometidas en su contra en el contexto del conflicto armado y sus impactos en términos del exterminio físico y cultural a que esto ha conllevado, igualmente, el reconocimiento a su resistencia y a la construcción de paz”. El llamado a la sociedad es a rechazar las violaciones cometidas en contra de los pueblos indígenas y el exterminio físico y cultural del que han sido víctimas.

Las afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas del Caribe

La convocatoria tuvo como epicentro los efectos del conflicto armado interno sobre los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, Kankuamo, Wayuu, Yukpa, Ette Ennaka, Embera Katío, Mokaná, Zenú, Cariachil y Taganga.

El Caribe colombiano, originariamente, lo habitan pueblos indígenas. La riqueza y la diversidad del territorio han atraído la atención de diferentes actores, algunos de ellos armados, quienes han ejercido acciones violentas para favorecer intereses políticos y económicos, generando violaciones graves de los derechos humanos individuales y colectivos, con divisiones políticas al interior de las comunidades y pueblos, rupturas en las dinámicas culturales, asesinato a líderes, desarraigo físico y cultural causado por el desplazamiento forzado, hechos victimizantes contra niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas y destrucción a los lugares sagrados.

Para reflexionar en torno a las afectaciones a los pueblos indígenas de la región Caribe, la escucha de los testimonios fue un momento central de reflexión de los hijos e hijas de la tierra quienes hablaron desde los ríos, las montañas, las lagunas, los mares, la sierra y diferentes lugares sagrados que han defendido desde tiempos milenarios.

El primer testimonio fue sobre la resistencia indígena en defensa del territorio y los lugares sagrados en lo delimitado como la “Línea Negra”, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con los procesos de crecimiento de la red vial, los proyectos energéticos y la expiación urbana se ha puesto en riesgo la permanencia de ese ‘sistema integral’ del territorio defendido por los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Ramón Hernández, del pueblo Arhuaco, señaló que “los cuatro grupos étnicos de la Sierra hemos ganado alrededor de más de 50 sentencias, nos han dado la razón, pero no ha sido tenido en cuenta por los mandatarios”. Jaime Luis Arias Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos, definió la “Línea Negra” como “ese elemento fundamental para proteger los territorios y los derechos de los cuatro pueblos como un aporte fundamental a la paz duradera y estable con la naturaleza y de nosotros como humanidad”.

El siguiente caso fue narrado por mujeres y autoridades del pueblo Wayuu, sobre las afectaciones ambientales, políticas, sociales, culturales y comunitarias que han vivido a causa de la empresa El Cerrejón, en La Guajira. Jakeline Romero Epiayú, de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, señaló que, con la militarización y la entrega de títulos mineros y concesiones para la explotación por parte del Estado “se fue reduciendo mucha parte del territorio ancestral Wayuu; ha habido una correlación entre todo lo que ha tenido que ver con el conflicto armado, con los intereses presentes en el territorio y esta intención de explotar los recursos naturales”. Luis Misael Socarras, comunicador y líder del pueblo Wayuu, pidió al Estado reconocer los atropellos de los cuales han sido cómplices con las grandes empresas multinacionales y los grupos armados y lanzó la pregunta: “¿Cómo piensan reparar ese daño ambiental, ecológico, cultural y espiritual que le han ocasionado al departamento de La Guajira?”.

El tercer testimonio fue tomado en el resguardo mayor Issa Oristuna del pueblo Ette Ennaka, sobre la incursión de los grupos armados que causaron graves afectaciones al autogobierno y al liderazgo propio, obligando a la población al confinamiento, prohibiéndoles el uso de su idioma y ocasionando una ruptura del tejido social y comunitario por el desplazamiento forzado. El líder Francisco Eduardo Duque Jiménez, recordó que “no podíamos salir, no podíamos realizar libremente nuestras actividades dentro del territorio”. María Patricia Sánchez, de la Consejería de la Mujer, relató que “hubo un desplazamiento y de ahí se comenzó a romper ese tejido social que el pueblo tenía al salir del territorio; ya se nos hace difícil estar como estábamos anteriormente. Ya no tenemos esas autoridades que nos van a enseñar la parte cultural”.

El relato que continuó fue narrado por las autoridades del Pueblo Wiwa sobre los hechos violentos de grupos armados contra la vida de autoridades, mujeres y jóvenes de la comunidad El Limón. El líder Wiwa Pedro Manuel Loperena, narró las masacres sistemáticas y señaló que “tienen una relación muy cercana con el megaproyecto de la represa Ranchería; había que desestabilizar al pueblo indígena Wiwa, había que desmembrarlo”. Pedro Manuel hizo un llamado a que “se deje tranquila a la tierra, que se deje tranquilo el corazón del mundo, que no se sigan más afectaciones tanto a nivel cultural a través de la explotación, a través de la deforestación, afectación a lo que nos da vida”. Además, indicó que “el conflicto no ha sido de los pueblos indígenas, el conflicto vino del interior del país a esconderse a territorios indígenas, estigmatizando aquellos sectores que fueron golpeados por la guerrilla”.

El último testimonio fue presentado por el pueblo Embera Katío del Alto Sinú, sobre los daños causados por la represa Urrá, que modificó el entorno natural y ocasionó inundaciones y efectos irreversibles sobre los territorios, con impactos en la educación, la salud, la unidad organizativa y política de las autoridades, la vida comunitaria y la pervivencia física del pueblo. Fernando García, docente de la Comunidad Dozá, recordó que “la Represa Urrá, al aflojar la tierra, se lleva lo que está a su paso; necesitamos educación y salud y la escuela que se la llevó el río, queremos una escuela, así como la que teníamos antes”.

Acciones para la No Repetición

La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Ana Manuela Ochoa, originaria del pueblo Kankuamo, recordó que las medidas más importantes de cualquier proceso de justicia transicional en el mundo deben buscar “arrancar de raíz lo que dio origen al conflicto, lo que genera daño en una sociedad, como la discriminación, las desigualdades, la negación a la dignidad humana y el desprecio o la indiferencia por la vida”. La magistrada consideró que, para los pueblos indígenas, las garantías de No Repetición “están relacionadas con el ‘Buen Vivir’; es vivir de forma digna, en plenitud y equilibrio y en armonía y de acuerdo con su identidad, con su cosmovisión, con sus creencias, con sus culturas, con sus derechos propios y con sus lenguas originarias, buscando que se respeten sus territorios”. También, consideró que “se requieren reformas en la justicia, donde los jueces indígenas se reconozcan como pares, como iguales, donde se avance con verdaderos procesos de coordinación interjurisdiccional”.

Angélica Cotes, coordinadora encargada de la región Caribe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó las acciones de la Comisión de la Verdad como mecanismo extrajudicial que “contribuye a materializar el derecho imprescriptible e inalienable a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad colombiana en general.

Mientras que la lideresa Leonor Zalabata, autoridad Arhuaca, exaltó que “la humanidad tiene el privilegio de tener aún hoy pueblos indígenas, culturas diferentes, filosofías diferentes, modos de vivir diferentes”. Su llamado fue a “cambiar el sistema político y administrativo y, en parte, la visión jurídica que se tiene para proteger de verdad a la gente de Colombia, a la sociedad y a los pueblos indígenas”.

Jaime Enrique Arias, secretario general del pueblo Kankuamo, resaltó a los pueblos indígenas como “un ejemplo de resiliencia, de reivindicación de derechos, nosotros somos pueblos de paz, de armonía, de armonización, de diálogo, de conversa y eso lo necesita la sociedad colombiana”. Hizo un llamado a una verdad real “que identifique a los responsables materiales e intelectuales, que identifique cuáles fueron los intereses económicos y políticos detrás del proceso de victimización de los pueblos indígenas, sobre todo en el marco del conflicto armado interno. Necesitamos que esta verdad reivindique la dignidad de las víctimas, necesitamos que esta verdad esté ligada con la memoria histórica, con recordar aquellos que se fueron con la bandera en la mano, que se fueron luchando, que se fueron defendiendo nuestro territorio, nuestros procesos organizativos”.

Para cerrar las recomendaciones, la comisionada Patricia Tobón pidió que “los pueblos indígenas, como víctimas, sean escuchados por toda la sociedad”.

A modo de conclusión, el poeta William Jiménez recitó un fragmento de su libro ‘Lo desnudo del volcán’, una muestra artística de resistencia a los dolores de la guerra y el encuentro cerró con la danza tradicional Yonna, una muestra artístico musical del pueblo Wayuu.