La violencia contra líderes sociales no cesa en Antioquia y el Eje Cafetero

En las últimas semanas se han conocido nuevos hechos de violencia contra líderes de organizaciones sociales y ataques contra procesos colectivos en la zona que la Comisión de la Verdad ha denominado macrorregión Antioquia Eje Cafetero.

El 4 de marzo, circuló un panfleto de un grupo armado ilegal en el que se amenazaba a un grupo de líderes y lideresas sociales de los departamentos de Risaralda y Quindío. Otras personas que ejercen funciones de liderazgo, también han sido objeto de estas acciones en varias subregiones de Antioquia y Caldas.

El pasado 6 de marzo, autoridades indígenas del resguardo Cañamomo Lomaprieta, municipios de Riosucio y Supía, en Caldas, denunciaron el incendio por parte de individuos encapuchados de tres trapiches comunitarios, luego de haber recibido amenazas de un grupo armado que actúa en inmediaciones de su territorio. Los hechos se repitieron el 16 de marzo, cuando fue quemado otro trapiche. Luego, el 20 de marzo, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 013-2020, de inminencia, en respuesta a los graves ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y ante el riesgo de desplazamiento forzado, señalamientos y estigmatización que se vienen produciendo contra los procesos organizativos, líderes del resguardo y contra miembros del punto de reintegración colectiva.

También, el pasado 25 de marzo, fue atacado John Restrepo, director de la organización Casa Diversa, que desarrolla su labor en la comuna 8 de Medellín. El reconocido activista por los derechos humanos de la población LGTBI sufrió varias heridas con arma blanca, a manos de un integrante de un grupo armado que opera en este sector de la ciudad. Estos hechos ocurrieron después que John denunciara en numerosas ocasiones las amenazas que ha recibido, contra su vida y contra los procesos que desarrolla Casa Diversa. Finalmente, el 26 de marzo, se conoció un panfleto en el que se amenaza a miles de pobladores de varios barrios de la zona centro oriental de Medellín, con el argumento de proteger a sus habitantes del contagio del coronavirus. La indicación es que nadie extraño a estos barrios podrá ingresar a los mismos. Avisos similares han circulado en otras zonas del departamento de Antioquia, como Urabá y el Bajo Cauca.

La Comisión ha caminado con varios de estos líderes y procesos durante su despliegue misional, sus aportes y propuestas han sido fundamentales para el ejercicio de la verdad en Antioquia y el Eje Cafetero.

En las distintas rutas de investigación construidas hay una apuesta decidida por comprender la sistematicidad en estos hechos, por esclarecer los perfiles de los liderazgos más perseguidos y victimizados, y desde allí construir explicaciones para que la violencia no se repita.

Desde la región reconocemos su dignidad, y creemos que preservar sus vidas debe ser una apuesta de todas las instituciones que velan por la defensa de los derechos humanos, un imperativo necesario para trabajar hacia la No repetición.

Estas acciones son sumamente preocupantes y evidencian la escalada de violencia que se está presentando en los últimos años en el país en contra del liderazgo social. Ya en varias ocasiones, la Comisión de la Verdad ha condenado estos hechos, y llamado la atención sobre la necesidad de una acción institucional de prevención y atención sobre estos crímenes y de la importancia de una amplia movilización ciudadana de rechazo y solidaridad con los líderes y sus organizaciones.

La Comisión en Antioquia y el Eje Cafetero, ha podido evidenciar que la violencia contra líderes políticos, sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, constituye una constante en la historia del país, y que estos crímenes generan un profundo impacto personal, familiar y colectivo, que ha producido un debilitamiento del tejido social, organizativo y político con efectos devastadores sobre la acción colectiva.

La persecución a estos líderes tiene que ver con una oposición a la apertura democrática y la imposición de ciertos órdenes sociales. Esto ha generado unas formas particulares de cerramiento de la institucionalidad y de persecución a aquellos actores considerados de oposición o que están trabajando por la implementación del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la   exguerrilla de las Farc. Por eso, el aporte de esta macrorregión tiene que ver con comprender los porqués de esta sistematicidad.

Si se considera la necesidad de hacer cambios estructurales en nuestra sociedad, basados en los hallazgos que se han venido identificando en el trabajo que ha adelantado la Comisión, sin duda una Garantía de No Repetición debe ser el cese de la violencia contra el liderazgo social, político y que actúa en la defensa de los derechos humanos. No es posible avanzar hacia la construcción de una sociedad con estos niveles de violencia, este debe ser un elemento central en la reconstrucción nacional, que involucre tanto a la institucionalidad como a la sociedad en general.