Las verdades del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero

“Desde el África vinieron, desde el África vinieron, príncipes guerreros”, esta era la letra de la melodía que acompañó las imágenes que recreaban la ruta de los ancestros africanos cuando llegaron por la Bahía de las Ánimas al puerto de Cartagena y fueron esclavizados. Así inició el octavo Encuentro por la Verdad ‘Reconocimiento de la Verdad del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal: hechos e impactos del conflicto armado y aportes a la construcción de paz y nación’ el pasado 11 de diciembre.

La transmisión se originó desde el Museo Histórico de Cartagena de Indias y fue moderado por Josefa Hernández, palenquera y documentadora de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión, y Leyner Palacios, comisionado de la verdad, bajo la custodia del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, representado por la Guardia Cimarrona, autoridad tradicional y de justicia propia de San Basilio de Palenque, corregimiento del municipio de Mahates (Bolívar), primer pueblo libre de la América Colonial.

En el espacio de apertura, el grupo musical Mamonacita ri Palenge Kandá entonó en lengua palenquera el Himno Nacional de Colombia. Así mismo, se rindió un homenaje a Ángela Salazar por su trabajo con el pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero y sus aportes al esclarecimiento de la verdad, a la vez que se le hizo un ritual de despedida conocido como Lumbalú.

Posteriormente, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, dio unas palabras de inicio a los asistentes: “La verdad que ustedes entregan en sus testimonios es de ahora, de los últimos 20 o 50 años, y es al mismo tiempo la revelación de una verdad de ignominia y de crímenes que ha estado silenciada, negada y enterrada por la cultura racista y ante la cual tenemos un desafío que no da espera”. Asimismo, agregó que “los negros, brutalmente, estúpidamente, racistamente, han sido mantenidos como los colombianos de segunda. Así los han tratado los gobernantes. Por eso el abandono del Chocó, del Cauca, de Buenaventura, de los palenques de la costa Atlántica”.Francisco de Roux, cerró su intervención haciendo un llamado a “ustedes, pueblos del origen de la humanidad”, para le hablen a Colombia.

Luego, Helena Storm, Embajadora de Suecia en Colombia, también envió un saludo a los asistentes. Además de recordar los hechos violentos contra el pueblo negro, señaló que “la valiente lucha de estas comunidades por la garantía de sus derechos y sus resistencias ante el conflicto armado, son reconocidas a nivel nacional e internacional”.

La población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera

Según el Censo realizado por el DANE en el año 2005, el 10,6% de la población colombiana eran personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo que equivale a 4,31 millones de personas; sin embargo, el Censo de 2019 arrojó que esta población disminuyo al 7,3% de la población nacional, lo cual equivale a 2,98 millones de personas, una disminución abrupta que algunas organizaciones han llamado “genocidio estadístico”. De acuerdo con los datos que reporta el DANE (2019), en Colombia, el 97,68% de los municipios tiene población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.

Hasta octubre de este año, 1.144.486 personas que se identifican como afrocolombianas, palenqueras y raizales están registradas como víctimas del conflicto armado colombiano, según la Unidad de Víctimas. Entre 2015 y 2019, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reportó el asesinato de 217 líderes sociales pertenecientes al pueblo negro. Entre 2001 y 2016, se generaron 4.208 alertas tempranas por parte de comunidades negras y afrocolombianas. Las principales razones fueron: desplazamiento forzado, homicidios selectivos, amenazas, masacres y reclutamiento forzado.

El comisionado Leyner Palacios manifestó su preocupación por el abandono estatal que vive el pueblo negro. “La pandemia mundial y el paso del huracán IOTA, evidenciaron la fragilidad en la que se encuentra el pueblo raizal. En las comunidades aún persisten masacres y acciones violentas que ponen en riesgo los territorios ancestrales y constantemente cobra vidas”. Asimismo, hizo un llamado a “reflexionar sobre la historia de discriminación en nuestro país” y “a parar la violencia y a respetar los derechos fundamentales, individuales y colectivos del pueblo negro”.

La Comisión de la Verdad priorizó cinco temas para esclarecer los impactos del conflicto armado sobre las comunidades del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero: el racismo y la discriminación racial como factor que intensificó las afectaciones del conflicto armado sobre el pueblo negro; la exclusión que han vivido las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en los procesos de configuración de la identidad y el Estado; los efectos sobre los territorios y sus comunidades por la presencia de economías legales e ilegales; los impactos individuales y colectivos a la identidad, el territorio, la autonomía y el gobierno propio, y las diversas formas de resistencia y contribuciones a la paz del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero.

La configuración del Estado nación y sus efectos en el conflicto armado

El primer espacio testimonial evidenció cómo la exclusión del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en la configuración del Estado nacional ha permitido que los hechos violentos del conflicto armado se intensificaran sobre esta población. Como evidencia, se presentaron casos recolectados en San Basilio de Palenque en Mahates (Bolívar), Buenaventura (Valle del Cauca) y San Andrés y Providencia.

Dionisia Herrera, habitante de San Basilio de Palenque, contó cómo sus padres fueron desplazados del corregimiento La Bonga porque la guerrilla llegó “hasta donde ellos estaban con sus cosas, con sus gallinas, con sus animales y los cogían como si ellos fueran propietarios de eso. Después de estar acá, nos marcó la vida, más que todo a mi familia porque en eso mataron un hermano mío en el 2001”. Moraima María Simarra, recordó que en San Basilio de Palenque “vivimos un momento donde era muy temible, por lo menos a las seis, seis y media de la tarde con las puertas abiertas”. Asimismo, señaló que “todo palenquero fue afectado por el conflicto armado, hasta el que estaba sin nacer, porque desde que una hermana mía se vaya a vivir a Cartagena y tenga allá sus hijos, ya no va a manejar la lengua igual que un hijo que nazca aquí en Palenque”.

Inés Salomia Valencia señaló que a Buenaventura cuando privatizaron la empresa Puertos de Colombia, “empezaron a llegar los grupos alzados en armas”. Danelly Estupiñán Valencia del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) relató que en el año 2000 “fue cuando empezamos a notar la prohibición para nosotros de poder gozar del territorio como espacio de vida. La relación que tiene el Estado con Buenaventura es una relación netamente económica; aquí hay una riqueza a partir de esa posición geoestratégica, además de su riqueza natural”. La preocupación señalada por Danelly fue que “Buenaventura no está en posconflicto, continúa la dinámica de guerra y nos vemos todavía sumidos a ese control social, cultural y económico de nuestra vida”.

El tercer caso narró la situación que viven los raizales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Jairo Rodríguez dijo que en San Andrés hay “un colonialismo difícil de tratar, pues inicia con un proceso de colonialismo mental donde ataca la identidad cultural del pueblo raizal. Directamente trata de mermar el ejercicio de su lengua, de su idioma, eso derrumba todo el resto de la identidad del pueblo raizal. Inicia en los años 1900 con castigos, imposiciones en la estructura del Estado en los colegios. Al nativo raizal, hasta el día de hoy, el Estado colombiano no le ha protegido jurídicamente sus tierras, está a merced del mercado”. Por su parte, Alberto Gordon, pastor en San Andrés, señaló que el Gobierno central tuvo “la intención de sobrepoblar la isla para poderla dominar”.

Con el racismo se intensificaron las afectaciones por el conflicto armado

El espacio testimonial que continuó relató cómo acciones asociadas al racismo y la discriminación racial surgidas en la colonia, fueron utilizadas por los grupos armados durante el conflicto armado, llevando a la exacerbación de las acciones contra el pueblo negro, afrocolombiano raizal y palenquero. El primer testimonio fue de los hechos vividos en el 2000 por una mujer de María La Baja (Bolívar), a quien un paramilitar la obligó a desfilar frente a otros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, luego, fue marcada con un hierro caliente: “Creo que él me marcó porque era negra y me marcó como si fuera una esclava”. Ella relató que a las mujeres las obligaban a hacer oficios, a lavar los camuflados y a cocinarles.

El segundo testimonio evidenció la constante persecución a la que son sometidos los pobladores negros por el color de su piel. Luz Marina Arboleda “Mamuca” entre cantos, relató sobre como a sus tres hijos los asesinaron. Uno de ellos, mientras estaba en Bogotá, dos policías lo golpearon hasta dejarlo en estado de coma, por lo que posteriormente murió. Otra mujer, Luz Aida Angulo, fue desplazada de Barbacoas, Nariño, y vive en Bogotá desde 1991. Ella tiene seis hijos y constantemente está angustiada por lo que les pueda. Jaime Danilo Bellasilla, también relató que fue retenido por la policía y agredido físicamente por ser negro.

Las economías ilegales y el control territorial

Economías como la minería ilegal y el narcotráfico ponen en riesgo los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En Baudó, Chocó, “cuando en 1993 entra el primer grupo armado llamado EPL, empezamos a sufrir desplazamientos, asesinatos, señalamientos, fuimos marginados totalmente”, relató un testimoniante. Con la construcción de la vía Panamericana “iban apareciendo colonos apropiándose de la tierra”. En el territorio hay presencia de diversos grupos armados “han asesinado líderes, han violado mujeres haciendo uso de la fuerza. En el 2005, los paramilitares introducen la siembra de coca en el Baudó y empiezan a presionar a las comunidades, que todos tienen que sembrar coca; el que no siembra coca se tiene que ir o lo asesinan”.

En las comunidades Alto Mira y Frontera, en Tumaco, Nariño, el conflicto llegó con las FARC-EP por la siembra de coca. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera que se encuentran, en principio, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en una situación de riesgo. Al territorio también entró la palma africana y la ganadería extensiva.

El registro único de víctimas reportó desde 1985 hasta 2020, 20.213 víctimas en Suárez, el 100% de la población del Municipio. La activista Francia Márquez relató sobre el corregimiento La Tom, cuando en los años 80 “empezaron a expandir el monocultivo de caña de azúcar; se vendió como el desarrollo para la región en manos de unos pocos, perdimos la autonomía y soberanía alimentaria que teníamos, perdimos el territorio que nos consiguieron mayores y mayoras”. Lisfrey Ararat relató que también, a la comunidad, llegó la represa de Salvajina y la minería con retroexcavadoras, además del control de grupos armados.

Impactos del conflicto armado al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero

El eje temático de impactos abordó cómo en el marco del conflicto armado, diferentes comunidades han vivido afectaciones, individuales y colectivas, que aún hoy tienen efectos sobre sus vidas. El primer caso fue sobre los horrores de la guerra en los cuerpos de las mujeres negras en la vereda San Miguel en el municipio Buenos Aires, Cauca. “Nos tocó aprender a las buenas o a las malas que era un hombre o qué eran muchos hombres también” relató una testimoniante. Los autores de las acciones se identificaban como AUC: “Esa gente llegó, se presentó y ya, se apoderaron de la vereda, de nosotros, de todo”.

El 20 de noviembre de 2013, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Marino López y víctimas de la Operación Génesis, en Cacarica, Chocó. “El 27 de febrero de 1997, paramilitares entraron tipo ocho de la mañana a la comunidad de Bijao, tiroteando por todo lado porque, según, allí estaba la guerrilla. A la comunidad la violentaron militares y paramilitares. Al difunto Marino López, lo asesinaron y su cuerpo fue desmembrado. Una vez que le cortaron la cabeza, quien se la cortó se la tiró a los otros compañeros y los otros compañeros empezaron a jugar fútbol con ella”, fue uno de los testimonios del encuentro.

Otro de los testimonios se refirió al año 2005 cuando 11 jóvenes del barrio Punta del Este en Buenaventura, Valle del Cauca, fueron asesinados, y los cuerpos presentaban señales de tortura. Bolivia Aramburo, una de las madres contó que “llegó un joven y los invitó a un partido de fútbol, a los tres días encontramos a estos muchachos muertos. El responsable de esta masacre fue un señor Ricardo Valencia Valencia, dicen que era paramilitar. La ausencia de ellos nos ha convertido en poetas a nosotros, porque esa memoria debe mantenerse viva, ellos no están, pero aquí estamos los que estamos para que no haya repetición”.

De otra parte, algunas de las familias afrocolombianas se han visto obligadas a abandonar el país por el conflicto armado hacia Antofagasta, Chile, allí han llegado varias personas procedentes de Buenaventura. Sayira contó que su papá y su mamá tenían una panadería y “como esa zona fue militarizada, los policías y los soldados compraban productos del negocio; tendía yo a conversar mucho con ellos por la curiosidad de su acento, de la forma de hablar de ellos. Los grupos que estaban con su conflicto dijeron que yo era una persona que de pronto estaba dando información. Yo era niña, no tenía la capacidad de dimensionar lo complicado que esa situación podía ser”.

Otro testimonio contó como el conflicto militar en Calamar, Guaviare, duró cerca de tres décadas, de 1980 hasta el 2010, con la última ola de desplazamiento forzado: “Hace 21 años llegué a Calamar, nos trajo la no oportunidad laboral. Por ser afro nos rechazan, por ser mujer nos rechazan y aunque nosotros somos del Valle, no tuvimos la oportunidad en nuestra tierra”. El profesor Manuel Antero por su parte señaló: “Acá se apoderó la guerrilla de estos territorios abandonados que el Gobierno tenía, era la única autoridad que realmente se daba acá”. Mientras que Zulma Moreno dijo: “Uno pensaba que el Ejército viene a respaldar a un pueblo que entre comillas estaba dominado por la guerrilla, pero yo creo que hubo una mala información de parte del Gobierno porque yo creo que ellos pensaron que todos éramos guerrilleros, llegaron como acabando con todo”.

Resistencias y aportes a la paz

Organizaciones del pueblo negro han resistido por mantener sus prácticas culturales, sus saberes, sus territorios y sus apuestas de paz. El primer caso presentado fue el de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz) que en 2014 fue considerada sujeto de reparación colectiva. María Eugenia Urrutia indicó que desde 1998 la organización busca visibilizar lo vivido por las mujeres en el marco del conflicto armado, pero además ayudar a la sanación desde el arte, las platas y frutas tradicionales y los cuentos.

El segundo caso fue el de Clamores. Desde el 27 de febrero de 1997, y por una semana, en Cacarica, Riosucio, Chocó, entre el Ejército y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bombardearon y abalearon las comunidades. A raíz de este hecho, más de 3.000 personas, llegaron el 28 de febrero de 1997 al Coliseo Bruno Martínez de Turbo. “Empezamos haciendo una olla comunitaria para todos y el último iba desayunando a las 5:00 p.m. Aquí paramos 4 años”, contó Josefina Mena. Las mujeres de allí formaron la Asociación Clamores que pide la construcción de la Ciudadela de Paz y una Universidad de paz.

El tercer caso relató el proceso de configuración de la Ley 70 de 1993, que permitió la titulación colectiva de los territorios. Carlos Rosero, activista del movimiento negro, expresó: “Lo que nosotros hicimos en el 90-91 fue apoyarnos en las organizaciones de base comunitarias que existían. La Ley 70 es parte de un reclamo colectivo por el reconocimiento de lo que nosotros como gente negra aportamos a la construcción de este país. Tiene como base la expectativa de preservar los pocos derechos territoriales que nos quedan hasta ese momento porque las tierras estaban amenazadas y siguen estando amenazadas”.

Finalmente, se presentó la experiencia del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (CONPA), una organización que según Marino Córdoba, presidente Afrodes, es la “convergencia de organizaciones afrocolombianas que nace en 2014 al ver que en las negociaciones de paz que se venían adelantando en La Habana que, en ese momento, no reseñaban la inclusión de los derechos de las comunidades afrocolombianas”. Charo mina Rojas, del PCN, resaltó que “el capítulo étnico es un logro histórico para los pueblos étnicos, un logro histórico para este país”.

Diálogos para la transición y reconocimiento de responsabilidades

El último bloque testimonial presentó los testimonios de responsables reconociendo sus actuaciones en el marco del conflicto armado, que generaron afectaciones a las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras.

El primer reconocimiento tuvo que ver con la Masacre de Punta Coquitos, ocurrida el 11 de abril de 1998 en Turbo, Antioquia, en la cual fueron asesinados 27 trabajadores bananeros afrodescendientes. Mario Zuluaga, empresario bananero, reconoció su responsabilidad en estos hechos: “Tomamos la decisión de traer estos grupos paramilitares para que la guerrilla no se fuera a apoderar de la zona y fue cuando ocurrió la masacre de Punta Coquitos, la masacre de Honduras y La Negra. Tomamos la decisión entre varios bananeros”.

Posteriormente, en una llamada telefónica, Salvatore Mancuso reconoció lo ocurrido en Mampuján, corregimiento de María La Baja, Bolívar. “A pesar de que esa violencia sexual era castigada, se presentaba y se presentó, la tortura que se hacía también y todo lo que eso implica para el ser humano, para la persona, la degradación, la humillación, el dolor el sufrimiento el irrespeto. Las desapariciones fueron uno de los hechos de guerra que se presentaron en el conflicto armado colombiano, en su mayoría se extendió y se realizó por pedido del Estado colombiano, de las Fuerzas Militares y de Policía, porque le aumentaba los índices de estadísticas por homicidios”, relató el excomandante de las AUC.

Juana Alicia Ruiz, víctima de la masacre de Mampuján respondió: “Quedamos atentos a esas verdades que queremos escuchar para que podamos hablar verdaderamente de justicia, para que podamos andar tranquilos en el territorio. Y, para que realmente podamos hablar de reconciliación, es necesario que conozcamos la verdad, saber a quién vamos a perdonar y qué le vamos a perdonar y saber a qué se comprometen las personas que estuvieron involucradas en el conflicto”.

Wilson Antonio González, exalcalde Vigía del Fuerte relató que por “la única solución que yo veía para nosotros y conservar nuestra integridad física era buscar a estos grupos, en esos momentos se veían como la salvación, ese remedio fue peor que la enfermedad; se nos vendió la idea de que los paramilitares iban a acabar la guerrilla y por lo tanto el futuro del país estaba en esos grupos”.

Pastor Alape Lascarro, exintegrante del secretariado de las desaparecidas FARC-EP, reconoció que en cuanto a los pueblos negros “faltó un acompañamiento a su propia resistencia, a partir del respeto de sus propias realidades, por eso cometimos algunos errores que son contundentes como los de Bojayá en las que terminamos haciendo de su territorio un campo de batalla”.

El último testimonio fue el de Rodrigo Londoño, exintegrante del secretariado de las desaparecidas FARC-EP, quien señaló: “Estamos entendiendo las grandes equivocaciones que tuvimos, nos olvidamos de esas comunidades, de su cultura, de sus costumbres y de su misma posición, incluso en la vorágine de esa guerra tuvo que haberse cometido crímenes. Bojayá es algo que vamos a cargar toda la vida, a pesar de la generosidad con la que nos han tratado las víctimas”.

Recomendaciones para la no repetición

Tras la presentación de los testimonios de víctimas y responsables, se dio espacio para que organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos hicieran recomendaciones para la no repetición del conflicto armado.

Alejandra Reyes, magistrada Corte Constitucional, señaló: “Las falencias estructurales no permiten la superación inmediata de la vulneración de los derechos porque requiere de varios esfuerzos desde el punto de vista presupuestal, administrativo e institucional”. Asimismo, la Magistrada agregó que a través de los autos 005 de 2009, 073 del 2014 y 266 de 2017, la Corte Constitucional desarrolló una serie de consideraciones sobre la situación particular de las comunidades afrodescendientes en el país y se encontró con que frente a ellas existía un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento y una afectación desproporcionada de sus derechos en relación con el desplazamiento forzado. “Hay riesgos específicos frente a estas comunidades cuando ya son desplazadas que generan unos impactos más gravosos, entre esas, por ejemplo, un riesgo extraordinario de vulneración a sus derechos territoriales, la destrucción cultural, la agudización de la situación de pobreza y del racismo en los grupos que ya han sido desplazados y un riesgo muy grande en el derecho a la participación y, sobre todo, en el debilitamiento de las organizaciones colectivas”, expresó.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo: “Cuando uno escucha estos testimonios uno se pregunta ¿cuántas veces el pueblo negro estará obligado a decir nunca más, que no se repita esto? ¿Cuántas veces tendrán que pedir garantías de no repetición?”.

Y añadió: “Reconocer es un primer paso para poner fin a las atrocidades y para que la historia se construya de otra manera, pero las garantías de no repetición para los pueblos afrocolombianos no solo deben embarcar reformas institucionales o cambios legales para evitar la vulneración de derechos, también se requiere avanzar en la eliminación de prácticas formales e informales y sociales que fomentan la discriminación estructural y que se expresan en la exclusión y la marginalidad social”.

A modo de conclusión, la comisionada Patricia Tobón señaló que: “Existe una persistencia del racismo en la sociedad colombiana y es necesario hacer conciencia como país, para que podamos trabajar hacia un país que se comprometa con un proyecto ciudadano antirracista, con una garantía de no repetición y de construcción hacia la transición de paz”.

Por su parte, la comisionada Lucía González cerró las intervenciones: “En relación a los grupos armados, por supuesto que les cabe una responsabilidad inmensa, esto no fue un error y no todo fueron daños colaterales de las confrontaciones que hubo en el territorio, aquí hay una responsabilidad inmensa de los grupos armados que también obraron contra los pueblos étnicos y particularmente contra los pueblos afro, negro, raizal y palenquero. Pero la responsabilidad aquí nos cabe a todos; esta responsabilidad está anclada en ese racismo estructural que viene desde la colonia y no nos ha convenido erradicar, que nos ha llevado al desprecio de los otros por sus territorios, por sus culturas, por sus riquezas, a un estado que ha abandonado a las comunidades étnicas y particularmente negras, palenqueras, raizales”.

La comisionada finalizó su intervención haciendo un llamado a “hacerle honor a la humanidad que somos y recuperar nuestra propia dignidad recuperando el reconocimiento de estos pueblos”.

‘Esta es la hora’

Durante el reconocimiento se hizo el lanzamiento de la canción ‘Esta es la hora’ compuesta por el artista bonaverense Víctor Angulo, más conocido como ‘Stand’, quien después de ser víctima del conflicto armado encontró en la música un espacio de sanación.

Esta canción revela los profundos impactos que la guerra había dejado en él y, en general, en la sociedad. A la cual se sumaron Isa Mosquera de Medellín, Elkin Robinson de Providencia y Santa Catalina, y Adris Padilla (Afroneto) de San Basilio de Palenque, quienes en sus lenguas y bajo la producción de Carlos Palmet y Francisco ‘Kiko’ Castro, lograron crear una pieza musical inédita que encontraría en las voces de Nidia Góngora, Shaka, Kimani Florez, Diana Soul y Willian Angulo y Bégner Vásquez, de Herencia de Timbiquí; un puerto de partida para convertirla en el himno de resistencia, dignidad y unidad que esta sociedad colombiana necesita y merece.