Los silencios del fenómeno paramilitar en el suroeste de Antioquia

“Las esteras de dolor y terror que dejaron los paramilitares entre 1985 y 2007 son parte de los relatos que evidencian las graves violaciones a los derechos humanos”. Con estas palabras, la Corporación Jurídica Libertad introdujo la entrega del informe ‘Paramilitarismo e impunidad: violaciones a los derechos humanos en las zonas 1 y 2 del suroeste antioqueño’.

El informe aborda las zonas de influencia de los ríos San Juan y Penderisco, que comprende los municipios Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín, Betulia, Concordia, Salgar y Urrao (marcados en el mapa).  Entre esas violaciones a los derechos humanos se cuentan 67 masacres de las que fueron víctimas 335 personas, desplazamientos forzados por los que se vieron afectadas 123.503 personas, asesinatos selectivos de 22.458 personas, amenazas a 4.464 habitantes de la región, agresiones sexuales a 237 personas y 3.209 desaparecidos.

El análisis sobre la responsabilidad se basa en varios hechos, actores y temporalidades: 1. La existencia de grupos privados de autodefensas que operaban entre 1988 y 1994. 2. Las Cooperativas de seguridad, o Convivir, entre 1995 y 1997. 3. La presencia de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, entre 1995 y 1997. 4. La movilidad del frente Cacique Pipintá, entre 1998 y 2007. 5. La presencia del frente Suroeste, entre 1999 y 2004. 6. La consolidación y posterior desmovilización del Bloque Suroeste de las AUC, entre 1996-2005.

Los hallazgos del informe señalan el relacionamiento de instituciones, grupos, miembros y fuerzas del Estado con el Bloque Suroeste y otras estructuras paramilitares. Más que actos individuales, el informe expone el engranaje de distintos poderes y actores (empresarios, terratenientes, funcionarios, políticos y fuerza pública) que llevaron a cabo acciones orquestadas con los paramilitares, lo que ha contribuido a mantener altos índices de impunidad en el Suroeste. El paramilitarismo se expone como una estrategia criminal desarrollada en contra de las organizaciones sociales que se articulaban en ese territorio por la defensa de bienes comunes a través de procesos democráticos y participativos. El ejercicio de control social por parte de los paramilitares incluyó prácticas de exterminio social a consumidores, trabajadoras sexuales y población LGTBI.

Este informe acerca la posibilidad de avanzar en una narrativa donde se reconozca la historia de los campesinos y de los grupos étnicos de la subregión que fueron victimizados por los paramilitares. La disputa por la memoria del conflicto armado es central en esta investigación, no para abrir viejas heridas, sino para el reconocimiento de responsabilidades, para que, a partir del esclarecimiento de la verdad, puedan exigirse garantías para la no repetición y avanzar en el camino de la reconciliación desde los territorios. 

Estos informes hacen parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirán como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.

Dejar sin agua al pez

‘Suroeste antioqueño: un conflicto silenciado’ es otro de los informes entregados. Esto lo hicieron la Corporación Conciudadanía y el Centro de Fe y Culturas. Pone en el centro la reconstrucción de la memoria, considerando a las víctimas de todos los sectores y líderes, académicos, exparamilitares, exguerrilleros, comerciantes, propietarios de tierras, sacerdotes y funcionarios públicos.  Presenta una cronología del conflicto armado, cifras y hechos victimizantes como homicidios, masacres, desplazamiento forzado y secuestro, así como hechos asociados a las estrategias de ocupación de tierras y formas de control a la movilidad, la adquisición de víveres, la vida social y comunitaria, especialmente en la zona del Cartama (Fredonia, Venecia - Bolombolo, La Pintada) y del Penderisco (Urrao y Salgar).

Los participantes del informe recuerdan los “controles a los ríos y puentes en el corregimiento de Bolombolo (Venecia), Peñalisa (La Pintada), Puente Iglesias (Fredonia), el sector Las Peñas (de macabra recordación como lugar desde donde se arrojaban cadáveres al río Cauca). Controles sobre el río Barroso en Salgar, usado por todos los actores armados. El puente colgante sobre el río San Juan para pasar de la vereda La Florida a la carretera Andes-Hispania en la finca El Limón, que era propiedad de Mario Uribe Escobar (…) Los controles a la circulación en las vías a Betulia, Urrao, Concordia y hacia Carmen de Atrato y en los puentes peatonales: Puente Viejo y Puente Nuevo, retenes, citaciones obligatorias. Igualmente, control a la compra de víveres de parte del Ejército bajo la teoría de guerra: “dejar sin agua el pez”.

Esa expresión tiene sentido por un fragmento de una de las entrevistas citada también en este informe: “El desplazamiento tuvo que ver con la teoría de guerra “quitarle el agua al pez”, es decir, restarle “colaboradores” a la guerrilla para asfixiarla en el territorio, así se justificaron acciones de control sobre alimentos y provisiones para las familias. Al respecto dice, uno de los consultados): los desplazamientos se utilizaban para “quitarle el agua al pez” y generar “bloqueos económicos” ¿En qué consiste esa política? En sacar al campesinado, asesinarlo, desterrarlo de las regiones para que la guerrilla desapareciera también, porque según eso, el campesinado era como la fuente de agua para las FARC”.

También se hace alusión a mojones (intersecciones) utilizados por los distintos grupos amados: el Páramo de Las Orquídeas y el Nudo Paramillo.  Las Conexiones estratégicas: son Urabá – Chocó – Córdoba. El informe dice que el punto de encuentro de control territorial y distribución de los paramilitares fue Bolombolo, y se destacaron los siguientes corredores:

Urrao – Betulia – Concordia – Salgar - Ciudad Bolívar

Urrao – Betulia – Ciudad Bolívar – Salgar – Andes

Urrao – Andes – Betania – Jardín

Urrao – Páramo del Sol – Blanquitas – Caicedo – Anzá –Betulia

Urrao – La Magdalena – El Cinero – Chocó

Támesis – Jericó – Caramanta

La Pintada – Montebello

Barro Blanco – Conde – Cedeño – San Pablo – Rio Frio

El informe señala las causas, efectos y las formas de afrontamiento al conflicto armado que se dieron en el suroriente y genera unas conclusiones sobre los aspectos encontrados. A las instituciones se les recomienda recuperar lo público y el ejercicio de poder del Estado como garantía de no repetición, hacer alianzas interadministrativas, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y sus esfuerzos de resistencia. A la sociedad se le recomienda ejercer la veeduría ciudadana, generar ejercicios de reflexión sobre prácticas que justificaron la acción de los actores armados. Para la Comisión de la Verdad este informe representa un insumo muy importante para la labor de comprender qué pasó en el departamento de Antioquia y las diferencias territoriales que se dieron en cada subregión y municipio.

Otros informes del suroeste

La Comisión de la Verdad ha recibido más de 800 informes en todo el país y alrededor de 50 en Antioquia, dentro de los que se cuentan cinco sobre el Suroeste del departamento, región que limita con Caldas y Chocó.  

Además de los dos descritos antes, la territorial recibió ‘Fuego en el remanso de paz’, sobre el conflicto armado en Titiribí y concentrado, especialmente, en el despojo y los desplazamientos forzados causados por grupos paramilitares. Este informe lo hizo Conciudadanía, apoyada por la alcaldía del municipio.

El Cinturón Occidental Ambiental entregó una investigación sobre casos emblemáticos, como el del sacerdote Ignacio Betancur, asesinado hacia finales de los ochenta, y de procesos de resistencia en la subregión.

Y una organización sindical de Antioquia entregó un informe en el que se evidencian afectaciones al sindicalismo en varios lugares del departamento, entre ellos municipios del Suroeste, como Salgar, Tarso y Urrao.