“Si yo avanzo en justicia para mi hija, las otras mujeres denunciarán”

“Nunca podré olvidar la fecha de los hechos, el 26 de agosto del año 2007 en Melgar – Tolima. Ese día tuve que irme con mis hijas a trabajar. Estabamos en un parque donde vendía artesanías. Mis hijas y una amiguita se fueron a otro parque más concurrido para ver si se podía vender mejor. Allá la niña necesitó un baño y la dejaron entrar en una discoteca, tenía 12 años. Al salir dos señores altos y fornidos la invitaron a sentarse y le ofrecieron algo de tomar, la niña dijo que no, que su mamá no la dejaba tomar nada de extraños, pero los tipos insistieron y la presionaron hasta que ella se tomó una gaseosa.

Mi hija menor volvió con la amiga al parque donde estaba yo y me dijó que la hermanita estaba con unas amigas en el parque. Tiempo después la niña me contó que la hermana se había quedado en el lugar con esos hombres.

Fui a buscar a mi hija y me quedé mucho rato en el lugar, entré a preguntar por ella en varios establecimientos, fui a la estación y me dijeron que tenía que esperar 72 horas. La seguí buscando, pero no la encontré, después de mucho buscarla decidí con mucha angustia volver a la casa.

Al otro día la niña llegó. Parecía una zombie, estaba silenciosa, sin ánimo. Yo en mi desespero la pelé fuerte, la bañé y me pusé a llorar con ella.

La niña me dijo que después de tomarse la gaseosa se sintió débil, que no podía moverse, y que incluso en un momento intentó volarse y que el mexicano la tiró al piso y luego la montó a un carro. La llevaron a la base de la fuerza aérea en esa zona. Mi hija fue drogada, secuestrada y violada por un militar estadounidense que prestaba sus servicios para el Plan Colombia, con ayuda de un mexicano que era contratista.

Después que mi hija me contó, empecé a averiguar y me puse a escribir en un libro todo lo que lograba investigar, le sacaba copias a lo que me entregaban las autoridades, hablaba con las instituciones, fui a la base… confronté al gringo y al mexicano que me dijo que eso le pasaba a mi hija por putita. Yo decidí enfrentarlos.

Empecé a hacer denuncias ante diferentes autoridades, puse la queja en la base militar, en la Fiscalía, en el ICBF. En esos primeros momentos le hicieron un examen a mi hija en medicina legal y a pesar de ser una niña, no me dejaron acompañarla, mi hija estuvo sola. El trato fue intimidante y en algunos casos degradante, una funcionaria le dijo que si lo que había dicho no era cierto la iban a meter a la cárcel, también le preguntaron por la ropa que llevaba puesta ese día.

Me he sentido maltratada, revictimizada, abandonada por la institucionalidad. Después de lo que pasó, en varias oportunidades me ha tocado salir desplazada por amenazas, intimidaciones, e incluso tuve un atentado en Bogotá en el 2011. Seguí buscando otras instituciones, hice manifestaciones al frente de la embajada, del ministerio del interior, fui a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a todos los lugares que pude, intentando lograr que se hiciera justicia.

En Melgar, era sabido que los militares gringos estaban abusando de las menores, se sabía de vídeos porno con menores, mujeres y explotación sexual a niñas.

Las denuncias no prosperaron, la inmunidad y la indiferencia institucional hacieron que todo se quedara en la impunidad. Se iniciaron unas investigaciones, incluso al interior de la base militar se encargó de la investigación a un señor, que lo que hizo fue tapar, intimidar, hacer firmar con engaños a otras víctimas para que las denuncias que habían no prosperaran, incluso unos documentos estaban en inglés. Tanta fue la presión que una mujer víctima de esos hombres se suicidó con tres meses de embarazo por la persecución.

Desde ese día mi hija no volvió a ser la misma, tiene mucha ansiedad, se le dificulta estudiar, y ha tenido tres intentos de suicidio. La atención en salud y el apoyo psicosocial han sido casi ausentes. Solo hace poco, después del tercer intento de suicidio le dieron apoyo psicológico.

Por los desplazamientos he perdido en dos oportunidades mis empresas, esto nos ha afectado mucho económicamente, también el miedo y la ansiedad, la incertidumbre por las amenazas. Aunque hubo indemnización por el desplazamiento forzado no han reconocido el hecho de violencia sexual.

Todo esto pasó por la flexibilidad de las leyes colombianas sobre los militares estadounidenses y la inmunidad frente a todo lo que ellos hacen. Sigo buscando apoyo para ir a la justicia norteamericana y exigir justicia en el caso de mi hija, detrás de nosotras hay muchas otras víctimas con casos similares; si nosotras logramos avanzar muchas otras denunciarán, lo que pasa es que ahora el miedo y la desconfianza en la institucionalidad no las deja. Si yo avanzo en justicia, las otras denunciarán”.