Las voces y verdades de las mujeres nasa en el Valle del Cauca

La corporación Justicia y Dignidad entregó dos informes a la Comisión de la Verdad en los que se reseñan los efectos producidos por el modelo político-económico colonial y patriarcal sobre los pueblos indígenas, el territorio y el medio ambiente, así como el papel de las mujeres en los procesos de defensa y liberación de los pueblos.

Los informes entregados son: ‘Defendiendo el territorio de La Piedra Grande’, sobre el Resguardo Kwet Wala del municipio de Pradera en Valle del Cauca, y ‘Mujer nasa, tejedora de vida y comunidad’, sobre el Cabildo Ukawe’sx Tha’ Alto Nápoles en el occidente de Cali. Estos documentos fueron el resultado del trabajo entre las comunidades indígenas y la corporación Justicia y Dignidad, y fueron socializados públicamente el 30 de noviembre en el marco del proceso de participación amplio y plural al que le apuesta la Comisión.

El informe ‘Mujer nasa tejedora de vida y comunidad’ recoge las voces de las mujeres indígenas del pueblo nasa residentes en Alto Nápoles, quienes narran por qué y cómo se dio el desplazamiento forzado que propició la desintegración de la comunidad y el debilitamiento de los procesos de gobierno propio, seguridad alimentaria, educación e identidad cultural. Asimismo, reseña la lucha de las mujeres por mantener viva la comunidad, la cosmovisión, la lengua, las prácticas de salud, las formas de autoridad y el plan de vida, a pesar de la desterritorialización. En ese sentido, el informe cuenta una experiencia de resistencia y reconstrucción de tejido social liderada por mujeres e insta al Estado a acompañarlas para acabar con la violación sistemática de los derechos fundamentales, individuales y colectivos del pueblo indígena. Para ellas, esto solo se logrará al reconocer al cabildo Ukawe’sx Tha’ y al dar respuesta a la solicitud de constitución del resguardo.

El informe señala en uno de sus partes que no se pueden “desvincular los procesos de victimización de las mujeres de las dinámicas del conflicto armado regionales y nacionales ni reducirlos a violencias domésticas, porque se difuminan las responsabilidades de los diferentes actores en el conflicto armado y del Estado de Colombia como diseñador y ejecutor de una guerra que no cesa”. Este punto coincide con lo planteado en la socialización del informe ‘Defendiendo el territorio de La Piedra Grande’, en el cual se plantea que la violación, la esclavización y la mercantilización, no solo de la madre tierra, sino también de las mujeres, son perpetradas por un Estado colonialista y patriarcal al servicio del gran capital que toma la figura de un macho violador.

En este segundo documento se narra cómo el conflicto armado ha servido para ejercer control social y territorial en una zona geoestratégica para los intereses de la empresa privada, nacional y transnacional. También, relata cómo el Resguardo Kwet Walaen en Pradera, Valle del Cauca, ha padecido criminalización, persecución y judicialización de sus líderes, el bloqueo económico, minas antipersonal y la militarización de la vida civil, todas estas formas de dominio fraguadas por las guerrillas, los paramilitares y el Estado. Según las comunidades, estos actores han conseguido avanzar en el proyecto de exterminio de todo un resguardo para la implementación de megaproyectos que generan daños profundos a páramos, parques nacionales, fauna y flora.

En el documento se plantea la necesidad de exigirle al Estado, como una medida de no repetición, que se frenen los megaproyectos: circuito eléctrico Tesalia-Alférez y la construcción de la carretera Pacífico-Orinoquía, ambos avalados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sin contemplar los daños al medio ambiente y sin tener en cuenta el derecho a la consulta previa que tienen en Colombia todos los pueblos indígenas.

Leonardo Jaimes, integrante del Equipo Jurídico Pueblos asegura que es importante que la Comisión de la Verdad “escuche, interiorice y trate de caracterizar el modelo represivo cuyo conflicto armado sirvió de contexto para fijar una política genocida y de violación de derechos humanos en Colombia, para que este proceso de esclarecimiento tenga sentido transformador y no se convierta en una frustración más”.

Las denuncias, los aportes y las propuestas de salida al conflicto planteados en estos documentos ratifican la importancia de que las diferentes voces sean incluidas en el Informe Final de la Comisión, tal como lo expresó la comisionada Alejandra Miller durante la entrega: “Nadie puede hablar por las víctimas alrededor de cómo lo sufrieron y cómo lo superaron, por eso los testimonios de las mujeres indígenas nos dan un aporte muy significativo desde el enfoque étnico y de género, interseccionalidades tan importantes que a veces son difíciles de poner en el papel”.

Estos informes hacen parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirán como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.