En Contribución a la verdad, excombatientes revelaron detalles detrás del conflicto armado en el Urabá y el Bajo Atrato

En una nueva sesión de Contribuciones a la Verdad, llevada a cabo de manera virtual, la Comisión escuchó este viernes 23 de julio a Pastor Alape y Jhoverman Sánchez, ambos exintegrantes de las FARC-EP, así como a Carlos Antonio Moreno Tuberquia, exintegrante del EPL, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del Clan del Golfo. Los tres excombatientes, quienes asistieron de manera voluntaria, manifestaron su motivación de entregarle la verdad a las víctimas y ayudar a construir un camino hacia la paz.

Este espacio hace parte de un proceso que se adelanta desde marzo de este año, en el que también participan Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC-EP y ahora presidente del Partido Comunes, y Salvatore Mancuso, antiguo jefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la sesión virtual, Alape, Moreno Tuberquia y Sánchez fueron interpelados por los comisionados Saúl Franco, Patricia Tobón, Leyner Palacios y Francisco De Roux, presidente de la Comisión, sobre los alcances de las acciones subversivas y paramilitares en la región, la afectación a las víctimas, el porqué de la confrontación armada entre los diversos grupos e incluso la responsabilidad del Estado, a través de la fuerza pública, en determinados hechos.

Desde el Búnker de la Fiscalía, donde está recluído, Moreno Tuberquia explicó la estrategia detrás de las masacres, ante la pregunta del comisionado Franco sobre cuatro formas de violencia: el asesinato de líderes sociales, las masacres, el desplazamiento y la desaparición forzada que no eran de un grupo contra otro, sino contra la población civil.

“A nosotros los Castaño nos daban la orden de sembrar el terror, de hacer masacres y desplazamiento para ir dejando las zonas solas y quitarle información y apoyo al enemigo, en ese caso a las FARC-EP”, comentó Moreno Tuberquia. También señaló que el apoyo de las Fuerzas Militares y los gremios empresariales de la zona fueron claves porque el grupo paramilitar por sí solo no habría podido escalar la violencia. “Tropas de la Brigada 17 del Ejército nos daban la lista de las personas que debíamos sacar. Algunos comandos especiales nos apoyaban cuando teníamos enfrentamientos muy grandes”.

Los antiguos miembros expresaron la relevancia geográfica de estas zonas para el accionar de las guerrillas y posteriormente de los paramilitares. Jhoverman Sánchez, quien estuvo en la zona desde los años ochenta, enunció que las montañas, los afluentes y las conexiones con Panamá y Centroamérica vuelven estos territorios muy apetecidos por las insurgencias. A lo que Moreno Tuberquia añadió: “Los grupos alzados en armas buscan los reguardos indígenas para protegerse de operaciones y de bombardeos. Se utilizan a las comunidades para ocultarse y son las comunidades las que sufren”.

Alape y Sánchez resaltaron que hay múltiples actores responsables, pero no identificaron alguno concreto, porque comentaron que la política de las FARC era dar la menor información posible sobre los financiadores o actores involucrados. Aclararon que las dinámicas de despojo de tierras permitieron que grandes gremios y ganaderos pudieran comprar las tierras a “precio de huevo”, según Alape.

Francisco de Roux señaló el número de víctimas recopilados en los últimos 35 años: 12.838 personas asesinadas en la región del Urabá y el Bajo Atrato, 6.500 personas desaparecidas y 2.906 más asesinados en 21 masacres y añadió que la zona, históricamente, ha sufrido grandes despojos de tierras.

Frente a las declaraciones y el riesgo que esto implica, De Roux aclaró: “La Comisión de la Verdad no es un juez y este no es un escenario de estigmatización y esperamos que entre todos tratemos de entender cómo se desarrolló este conflicto y por qué hubo tanta violencia desde todos los lados”.

Moreno Tuberquia aprovechó el espacio para pedir ser aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Ante la JEP entregaré más detalles y pruebas que tengo recolectadas sobre los distintos responsables”, dijo.

Pastor Alape pidió perdón a las víctimas y solicitó al Estado mayor compromiso para que cese la violencia contra la población de estos territorios y contra los firmantes del Acuerdo. “Cuando pedimos políticas de Estado, no estamos rehuyendo a nuestra responsabilidad, es que esa es la única manera de que no se produzcan más víctimas. No es solo pedir perdón sino buscar un horizonte concreto para frenar esto”.

La Comisión de la Verdad invita a seguir dialogando con empresarios, sindicalistas y trabajadores que han sufrido por el conflicto para esclarecer las secuelas de la confrontación armada en diversas regiones de Colombia y así evitar la no repetición.

El próximo 4 de agosto continuará esta ruta de Contribución a la Verdad y reconocimiento de responsabilidades con el encuentro entre Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, quienes aportarán de manera voluntaria al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado desde sus vivencias en medio de la guerra.

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