Personas LGBTI del Eje Cafetero denuncian que continúan las prácticas de exterminio en su contra

“Una de nuestras misiones es hacer recomendaciones encaminadas a que Colombia transite de un país violento, donde una persona trans tiene un promedio de vida de 35 años, a un país donde podamos hablar de vida digna para las personas LGBTI y donde las orientaciones sexuales no normativas no sean estigmatizadas”, dijo Alejandra Coll, asesora del Grupo de Trabajo en Género de la Comisión de la Verdad, en el conversatorio ‘Tejiendo verdad desde la diversidad sexual y de género en el Eje Cafetero’, realizado el pasado 10 de diciembre.

Este espacio de la Comisión de la Verdad, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, permitió hacer una radiografía sobre las afectaciones y la sobrevivencia de las personas LGBTI en el Eje Cafetero, y pensar en conjunto qué debe hacer la sociedad para frenar estas violencias que continúan, que están narradas en presente. Sara Rodas, de la organización Yukasa Feminista, subrayó que en los últimos tres meses se presentaron en Armenia cuatro intentos de transfeminicidios “y la respuesta institucional sigue siendo muy precaria, no lo suficientemente contundente para demostrar que la institucionalidad no está de acuerdo con este tipo de violencias”.

Sebastián Giraldo Aguirre, investigador en asuntos de género de Risaralda, explicó que a pesar de que en el Registro Único de Víctimas el desplazamiento, la amenaza, el homicidio y la violencia sexual aparecen como las principales formas de violencia contra la personas LGBTI en el conflicto armado, hay una afectación mayor: el silencio. “Hay muchos problemas para que las personas se registren como víctimas LGBTI por la homofobia histórica y sistemática en el país. El silencio y el subregistro tienen una relación muy articulada”, expresó. Giraldo recalcó que de las nueve millones de víctimas registradas que existen en Colombia, “solo llegamos a 3.000 registros de víctimas LGBTI”.

“Más allá del control territorial y de economías, el conflicto armado también significó un control social a través de la imposición de estándares de moralidad –señaló Sara Rodas Chingaté, de la organización Yukasa Feminista–. Ese control social impuso quienes eran los ciudadanos y ciudadanas deseables para ese proyecto de nación blanco, heterosexual y urbano. Los actores del conflicto persiguieron todo lo que se alejara de eso”.

Sin embargo, varios participantes coincidieron en que las violencias contra personas LGBTI tienen otros responsables, además de los grupos armados. “También la familia, la comunidad y las iglesias participaron en esas violencias.  Fueron cómplices por homofobia, por discriminación, por prejuicio”, aseguró Sebastián Giraldo. En el mismo sentido se pronunció Max Yuri Gil, coordinador de la Macrorregión Antioquia-Eje Cafetero de la Comisión: “Los actores armados no vienen de afuera de la sociedad, son parte de la sociedad. Una sociedad patriarcal, machista, misógina, xenófoba– en la cual la lesbofobia, la homofobia y la transfobia tienen un alto nivel de aceptación– es una sociedad que legitima el uso de la violencia. Tenemos que transformar esas condiciones”.

Para Vanessa Londoño, de la Dupla de Género de la Defensoría del Pueblo Regional Caldas, las afectaciones contra personas LGBTI no solo son “producto de la guerra”, sino el resultado de “una apuesta específica por acabar con los sectores poblaciones que escapan a los regímenes de normalidad sexual, corporal, y de género. Es una práctica genocida”. Vanessa Londoño denunció que en Caldas “todavía hay presencia de actores paramilitares que generan procesos genocidas”, y apuntó que en ocasiones instituciones como la Policía reproducen los estereotipos y prejuicios contra estas personas lo que, según ella, “permea un discurso en la sociedad que legitima el exterminio”.

Óscar Martínez, coordinador territorial del Eje Cafetero de la Comisión, dijo que esta conversación era un espacio para “reconocer como sociedad lo que hemos negado, aceptado, discriminado, silenciado, y lo que esperamos superar para no volver a caer en el conflicto”. Eso implicaría, según Max Yuri, un trabajo de la institucionalidad pública “para no promover la construcción de imaginarios discriminatorios ni justificadores de la violencia”.

Shaira Maritza Franco Ramírez, integrante de Las Guapas y quien tuvo que salir desplazada de su territorio a los 12 años por su orientación sexual, aseguró que el paso fundamental para frenar el espiral de violencia contra ellos y ellas es “que se nos reconozca como ciudadanas plenas de derechos”.  Y Sara Rodas concluyó que “es esencial reconocer la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad como un derecho humano fundamental”.

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