Protección integral de los territorios rurales, la recomendación de sus habitantes para la no repetición del conflicto armado

En el Informe Final que la Comisión de la Verdad entregará a Colombia existirá un capítulo con las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado, con esto en mente y con el objetivo de recoger los insumos necesarios que aporten elementos a este apartado se desarrollaron dos espacios de orden nacional con líderes de diferentes sectores que posibilitaron ampliar la perspectiva en torno a las problemáticas de seguridad y la no repetición del conflicto en los territorios rurales. El primer diálogo se realizó el 11 de noviembre y el segundo el 3 de diciembre. Este segundo espacio se enfocó en la protección integral de los derechos de las poblaciones rurales; prevención y reversión del despojo y el abandono forzado de territorios. Así como en el uso, la tenencia, distribución y protección de la tierra.

Para conversar sobre estos temas, los invitados a participar de este diálogo fueron el investigador, Alejandro Reyes Posada; Luz Mery Panche de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (SENPAZ); Jorge Enrique Bedoya de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); Elizabeth Pabón, representante de La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Ana Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (INALDE); y Luis Alberto Albán, firmante del Acuerdo de Paz e integrante del partido Comunes. El panel fue moderado por el comisionado Carlos Guillermo Ospina.

El comisionado, Carlos Ospina, abrió el espacio destacando la importancia y relevancia de un diálogo como este, centrado en un conflicto que se ha perpetuado y que tuvo precisamente sus inicios, en los territorios rurales. Se refirió al informe final y a la pertinencia de las recomendaciones que se harán en el mismo. Como marco del conversatorio, sobresalieron aspectos como el despojo y desplazamiento forzado, y la gobernanza sobre el territorio para la adecuada administración desde la institucionalidad. También se habló sobre la inclusión social y productiva de la población rural; los retos en relación con grupos especialmente vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los grupos étnicos, las mujeres rurales y la población LGBTI; y la gestión de lo rural de cara al cambio climático.

Para dar un contexto histórico, el investigador y asesor del gobierno en las conversaciones con las FARC-EP en La Habana, Alejandro Reyes Posada, habló de las dinámicas de afectación a las víctimas y cómo el debate sobre la tierra debe enmarcarse en la compleja relación que esta tiene con el conflicto armado: “Es necesario mirar los procesos de poblamiento y despoblamiento de los territorios, la presencia diferenciada del Estado en ellos, la apropiación y despojo de la tierra y las cargas impuestas a los pobladores por organizaciones de violencia que subordinan sus derechos, así como las resistencias frente a estas”.

El contexto hecho por Reyes, destacó conclusiones recogidas en los diálogos pasados y permitió dar línea al debate que continuó con la participación de la lideresa Nasa del Caquetá, Luz Mery Panche. Ella se refirió a la estigmatización que han sufrido las comunidades indígenas y cómo se deben tener en cuenta estas comunidades para hacer un ordenamiento territorial: “Nosotros sentimos que ha habido un castigo del Estado a poblaciones en ciertos territorios rurales en el país por ese señalamiento y esa estigmatización generalizada que se hace al relacionarnos con los grupos insurgentes. Ese castigo es más desde la inversión presupuestal y eso ha llevado a la poca posibilidad de resolver las carencias y poner un orden en el territorio”. 

Como parte de la propuesta que hacen las comunidades indígenas, Panche ratificó que es necesario “permitirle a las comunidades y a sus organizaciones, una participación efectiva en todos los espacios que tienen que ver con la construcción de las políticas públicas y la planeación de esas políticas”. Además, resaltó la importancia del acuerdo de paz en cuanto a las adecuaciones que deben hacerse en torno al territorio: “Es necesario la creación de la nueva institucionalidad de la que habla el acuerdo de paz, la adecuación de institucional es una situación que no ha sido entendida desde los funcionarios de Estado y gobierno en los territorios y que siguen haciendo lo mismo, pretendiendo que así las cosas pueden cambiar”.

En el mismo sentido Elizabeth Pabón, señaló: “La deuda que ha tenido el Gobierno nacional con el campesinado ha sido una deuda histórica. Nosotros los campesinos, siempre hemos querido que nos reconozcan como sujeto de derecho. Cuando escuchábamos del proceso de paz, para nosotros era muy importante, y lo sigue siendo, a pesar que el gobierno no haya cumplido. Ahí, se habló en el punto número uno, de la reforma rural integral. Creíamos que el gobierno en esto iba a cumplir, pero no fue así”.

Desde las diferentes entidades, organizaciones y comunidades que los panelistas representaban, la visión de las problemáticas sobre el territorio apuntó a los mismos factores: presencia diferenciada del Estado y en algunos territorios presencia nula, modelos de gestión rural que no incluyen a las comunidades, carencia en la defensa del territorio, inexistencia de implementación del acuerdo y economías extractivas que afectan a las comunidades rurales.  

Con un panorama claro y con puntos de acuerdo que son necesarios poner en la agenda pública para aportar a la no repetición del conflicto armado, los panelistas y el espacio entregaron conclusiones valiosas para cerrar este diálogo. Luis Alberto Albán, del partido Comunes habló del derecho a la vida y de cómo este debe ser el principal derecho que se garantice en todo le territorio. “Son miles los defensores de derechos humanos, defensores de la frontera agrícola, del territorio, de diversas formas de vida animal que han sido asesinados en nuestro país y a eso le sumamos los casi trescientos compañeros y compañeras en proceso de reincorporación, firmantes de paz que también han sido asesinados. Es necesario que haya aplicación de lo acordado y se garanticen los derechos del campesinado”, expresó.

Las lideresas presentes en el espacio, Luz Mery Panche y Elizabeth Pabón, coincidieron en algunas de las recomendaciones que entregaron como conclusiones del espacio. La construcción de zonas de reserva campesina y resguardos indígenas, los territorios colectivos de las comunidades negras y la propuesta de territorios interculturales. Propuestas que nacen desde la comunidad y pueden garantizar el acceso a la tierra con el fin de poner un alto a las grandes extensiones de tierra para explotación de recursos minerales.

Jorge Enrique Bedoya de la SAC concluyó con ideas precisas sobre las necesidades que deben ser atendidas de manera urgente en los territorios: “Algo urgente para garantizar los derechos, es la provisión de los bienes públicos, se requerirá tiempo, pero es urgente que haya decisión política y que haya decisión presupuestal, no solamente de los gobiernos nacionales que sigan en turno sino de los departamentales y locales. Es urgente la presencia del Estado, la presencia de la justicia, lograr desarticular organizaciones criminales y delincuenciales. Los niños de la ruralidad deben poder satisfacer su derecho a la educación, a la alimentación y derecho a la movilidad”.

Para terminar y en la misma vía de la propuesta de Bedoya, se habló de la necesidad de atender al campo colombiano y de sacarlo del olvido en el que lo ha tenido sumido el Estado durante décadas. “La idea es que no se vuelva a repetir el conflicto ¿De qué manera?, pues que todos trabajemos para cambiar esta política que siempre nos ha tenido amenazados y estigmatizados. El reto es que aquí, nos toca a todos y a todas mirar cómo trabajamos para que podamos vivir en una región, en una Colombia en paz y nuestros hijos tengan las garantías y puedan volver a creer”, concluyó Elizabeth Pabón.

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* Estos espacios que ofrecen insumos para el capítulo de recomendaciones del Informe Final de Comisión son posibles gracias al apoyo de la Unión Europea.