“Queremos mostrar el impacto desproporcionado que tuvo el conflicto en los pueblos étnicos”

El pasado sábado 9 de mayo, se realizó el conversatorio virtual ‘Estado de implementación de la Ley 70 de 1993. Territorio, identidad, participación, desarrollo, reglamentación, impactos del conflicto armado y alertas’ convocado por organizaciones afrocolombianas y transmitido por el Facebook de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

En este espacio participaron líderes del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, miembros de asociaciones, sociedad civil y las comisionadas Ángela Salazar, Patricia Tobón Yagarí.

En su momento, la Ley 70 fue considerada un triunfo del pueblo negro en Colombia, pues fue un logro del movimiento social y buscaba cambios estructurales para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Sin embargo, 27 años después de su promulgación, se evidencia la falta de compromiso de los gobiernos para lograr su total implementación. Las fallas en la implementación y reglamentación de varios capítulos de la Ley 70 guarda relación con los impactos del conflicto armado, dado que las dificultades de implementación y falta de titulación colectiva son factores que han propiciado el despojo de territorios y violaciones de derechos humanos en su contra. 

En el balance que se hizo en el conversatorio, se enumeraron las principales dificultades que siguen viviendo los pueblos afrocolombianos. El acceso a la tierra y las trabas que se presentan para avanzar en la titulación de los baldíos habitados por las comunidades sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de estas regiones.

A esto se suma la falta de acceso a la educación, de conectividad y la ausencia de proyectos etnoeducativos. Así como la crisis humanitaria que han vivido históricamente estos territorios y que en la actualidad se ha visto agudizada por cuenta de la pandemia del COVID-19.

“Aunque la Ley 70 fue un avance en la lucha de nosotros los negros, se queda corta porque ha fallado mucho en su implementación”, aseguró la comisionada Ángela Salazar, quien explicó el trabajo que viene haciendo la Comisión de la Verdad con las comunidades étnicas y el valor que tiene su relato para conocer a fondo los impactos que ha tenido la violencia en estas regiones y evidenciar el racismo estructural que se ha vivido en el país.

“Nosotros en la Comisión tenemos una Dirección de Pueblos Étnicos y queremos dejar explícito en el informe final que vamos a presentar, el impacto diferencial y desproporcionado que tuvo el conflicto armado en los pueblos indígena, negro, afro, palenquero, raizal y rrom. Y saber por qué el conflicto armado llegó con más ahínco a nuestros territorios después de la promulgación de la Ley 70”, concluyó Salazar.

Por su parte, la comisionada Patricia Tobón se refirió a la forma en que las afectaciones y el atraso presente en los territorios étnicos se ven reflejadas en el resto de Colombia: “Para nosotros es muy importante analizar la relación que hay entre racismo y conflicto armado. Queremos ver cómo se afectaron los territorios étnicos y cómo esto afecta todo el desarrollo de un país”.

Y terminó con un pedido de apoyo a las asociaciones que han trabajado el tema de la violencia sobre los pueblos étnicos para lograr unir sus investigaciones y hallazgos al trabajo de la Comisión. “Les pedimos a los líderes de las organizaciones étnicas que articulen su trabajo con la Comisión de la Verdad. Queremos conocer todas sus contribuciones y que esto sirva para reconocer los aportes de la comunidad afro a la sociedad colombiana”, puntualizó Tobón Yagarí.

Para el balance final, se estableció la necesidad de reducir la brecha social que hay entre los territorios afrocolombianos y el resto del país que, aunque en muchos lugares presenta situaciones precarias, siempre se hace más evidente en los departamentos cuya población es mayoritariamente afrocolombiana. Además, se enumeraron cinco puntos para avanzar en la implementación de la totalidad de la Ley 70:

• Lograr un acuerdo en la hoja de ruta entre las comunidades para trabajar articuladamente.
• Crear un fondo común para implementar este plan de acción.
• Organizar un movimiento social para generar el plan de incidencia.
• Defender jurídicamente la Ley 70 para que no sea derogada y llevar a cabo el debate de control político que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes.
• Hacerle frente a la crisis humanitaria que viven las comunidades negras en todo el país.

Finalmente, Harrison Cuero, quien ofició como moderador del conversatorio concluyó que se debe “avanzar en una estrategia para lograr la implementación de la Ley 70 y en ello impulsar los derechos individuales y colectivos de la gente negra en Colombia. Queda claro que hay un gran interés de todo el pueblo negro en diferentes regiones del país, quieren informarse y vincularse de manera activa para lograr esto. Está claro que hay materiales, hay un marco jurídico que busca garantizar esto, pero nos hace falta una agenda común para organizar esta estrategia de articulación para hacer uso de estas herramientas que tenemos”.