El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición unido por Buenaventura

Con un firme compromiso por parte de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se selló la firma del ‘Pacto por la búsqueda – Buenaventura territorio de paz’, un acuerdo que busca visibilizar la desaparición de personas en ese territorio.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, adelantarán las acciones correspondientes en el marco de sus competencias para visibilizar ante la sociedad civil e instituciones estatales la magnitud, sistematicidad y continuidad de la desaparición de personas en este territorio y atender a las víctimas de los demás crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado.

Como parte de este ejercicio desarrollado junto a las víctimas, organizaciones sociales, entidades del orden local y regional, y la comunidad internacional, la JEP realizó una declaración pública con la intención de iniciar estudios de medidas cautelares sobre el estero San Antonio en Buenaventura. La decisión obedece a la solicitud de las organizaciones y familiares de las víctimas para proteger y preservar el Estero, donde habría personas desaparecidas por grupos armados.

Durante los dos días que antecedieron la firma del Pacto se realizaron una jornada de diálogo, sensibilización y trabajo articulado en la que, junto a víctimas, lideresas, líderes, organizaciones sociales, instituciones y representantes de la comunidad internacional, se reflexionó sobre la importancia de agilizar la búsqueda y prevenir el delito de la desaparición, así como en la construcción de paz.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) la formalización del pacto se suma a una serie de acciones humanitarias que ha realizado este mecanismo en territorio desde 2020. Entre ellas, los diálogos con víctimas, líderes y lideresas de Buenaventura, quienes manifestaron su preocupación en torno al proceso de dragado que se inició en el estero de San Antonio, así como el desarrollo un estudio que establezca las estrategias para realizar la búsqueda subacuática de personas desaparecidas en la zona.

Para la Comisión de la Verdad, desde su abordaje extrajudicial, el foco de su trabajo está en comprender con más profundidad las verdades éticas y políticas que hay alrededor de la desaparición y de esta forma avanzar en presentar un relato que devele los complejos entramados políticos, sociales, económicos y culturales que propiciaron esta práctica en el marco del conflicto armado.

“Para nosotros lo más importante es el respeto que Colombia le debe a las comunidades negras y en particular a la gente de Buenaventura. Estamos con ustedes, créanme que el dolor de sus víctimas, la lucha por la dignidad que ustedes emprendieron y en la que nunca cesan, es para nosotros un motivo muy grande. Queremos que Buenaventura sea el pilar donde se inicie la transformación en Colombia, donde la dignidad de todos y todas sea respetada”, expresó Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, durante la firma.

Mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) propuso cerrar la histórica brecha de impunidad de crímenes atroces que se han cometido en esta región; hacer realidad los derechos de las víctimas a la participación efectiva, al esclarecimiento de la verdad y al acceso a la justicia que permitan la identificación, juzgamiento y sanción a los máximos responsables y los partícipes determinantes de los crímenes atroces, y el reconocimiento del daño causado y el establecimiento de las correspondientes medidas reparadoras y restaurativas.

Todas estas acciones de las entidades del Sistema Integral buscan, además, impulsar la efectiva e integral implementación del Acuerdo Final de Paz en el país, de manera particular en Buenaventura y en la región del Pacífico medio (Valle del Cauca y Cauca). Este es el inicio de una hoja de ruta que le permitirá al Estado recuperar el control del territorio, desactivar la violencia, garantizar la justicia, reducir los altos niveles de pobreza, ofrecer alternativas legales a quienes dependen de las economías ilícitas, llevarles desarrollo a quienes históricamente han vivido marginados y cicatrizar las heridas que han dejado más de 50 años de conflicto armado.