“Somos negros e indígenas que merecemos respeto”: personas LGBTI de la costa nariñense

Con la firmeza de quien conoce su historia y la convicción de que identificarse como chica trans en una población étnica de fuerte arraigo cultural, le representaría una lucha constante, Brittany asumió que capacitarse para conocer sus derechos era lo que le permitiría vivir en libertad.

Apenas iniciaba su adolescencia y cursaba la secundaria en una escuela a cargo de una comunidad religiosa en el municipio del Charco, Nariño, cuando emprendió su proceso de auto reconocimiento y aceptación. Una pugna interior, familiar y social producto del rechazo, los señalamientos y la discriminación.

Desde entonces, se dio a la tarea de consultar, indagar y participar de procesos y grupos de apoyo, lo que no solo le ha dado la posibilidad de fortalecer su identidad, sino que también le permite hoy, gozar de un liderazgo en los procesos de juventudes como de la población LGBTI que se adelantan en el municipio y la región.

Y es que según Brittany, para salir al mundo, enfrentar las situaciones y tratar de ser feliz, primero es necesario prepararse mental, espiritual y psicológicamente, porque ser transexual en una comunidad indígena y en una región donde el conflicto armado está a la orden del día, hace que como población vulnerable seas objeto de amenaza, desplazamiento y persecución.

Al igual que Brittany, otros jóvenes coinciden en que son múltiples las afectaciones sufridas por las personas LGBTI a razón del conflicto armado en la costa nariñense. Las historias de desplazamiento, asesinatos y violencia física se encuentran entre las más contadas por las víctimas.

Ellos y ellas son conscientes que estos hechos no se deben volver a repetir por lo que adelantan un trabajo de visibilidad y denuncia, con el acompañamiento de la Fundación Afrocolombiana Arcoíris. Una fundación que además de ayudar a las personas LGBTI en Tumaco, lucha porque se reconozcan los crímenes cometidos en su contra. Con este propósito, y como parte de los procesos adelantados en articulación con el Sistema Integral para la Paz han recopilado y documentado cada uno de los casos de violencia ocurridos y participan en los espacios de diálogo para la no repetición adelantados por la Comisión de la Verdad en el territorio.

En este marco, ellos y ellas expresado la gran responsabilidad que debe asumir el Estado con respecto a la población LGBTI y piden que aporte a la comunidad, que los tenga en cuenta y no los abandone: “Que nos dejen ser como somos y nos reconozcan como población, como sujetos de derechos y como integrantes de la sociedad”, expresó Erik Santiago del municipio de Ricaurte, Nariño.

Para estas personas, la inclusión también se trata de ser tenidos en cuenta en la formulación de sus diferentes políticas de gobierno, políticas que a su consideración deben trascender hasta las acciones de convivencia, de tal forma que los gobernantes y las entidades que representan al Estado se preparen, los acepten y respeten en cualquier lugar.

“Que el Congreso legisle para nosotros y nosotras, para la población diversa, LGBTI de Colombia, porque somos negros e indígenas que merecemos todo el respeto como ciudadanos de este país y como reza en la Constitución y la ley”, agregó Nixon Ortiz, presidente de la Fundación Afrocolombiana Arcoíris.

Sin embargo, el conflicto no cesa y el riesgo para la población LGBTI continúa latente, por lo que se hace necesario seguir avanzando en el proceso de esclarecimiento, escuchando las voces, para que sea posible construir las recomendaciones que permitan a todos y todas las colombianas convivir en un territorio libre de violencias.