Un charco de esperanzas en medio de la pandemia

El municipio de El Charco se ubica a orillas del río Tapaje en la costa norte del departamento de Nariño, fue fundado en 1886 por Fidel D’Croz y Federico Archer y en esa época era habitado por personas de origen alemán y francés que se dedicaban a la explotación minera y maderera. Desde entonces, su población, ahora de mayoría afrocolombiana, ha sido afectada por maremotos, incendios, apagones eléctricos y presencia de actores armados. Ahora, la amenaza del Covid-19 pone a prueba, una vez más, las condiciones de abandono histórico que ha sufrido esta comunidad.

Desde el 21 de marzo se decretó el aislamiento social obligatorio en Colombia, la mayoría de los hogares colombianos acataron la directriz del Gobierno nacional y se quedaron confinados en casa, una situación que para muchos es nueva, pero que para los más de 35.000 habitantes del El Charco es una repetición del encierro que han vivido en numerosas ocasiones debido a la presencia de grupos armados en la región. 

Masacres, asesinatos selectivos, atentados con artefactos explosivos, extorsiones, desapariciones forzadas, desplazamientos, utilización de menores de edad en la guerra, son situaciones que han llenado de dolor la historia de este municipio que tiene cerca de 15.000 víctimas según cifras de la Unidad de Víctimas.

“Cuando nos enteramos de lo que estaba pasando en el mundo por el Covid-19 y las medidas de protección tomadas por el Gobierno nacional, inmediatamente la gente se llenó de miedo. Prácticamente nadie sale de sus casas, los alimentos ya empiezan a escasear y los pocos que hay han aumentado notablemente su precio. Estos días nos hacen recordar todas las veces que hemos estado confinados en el territorio de manera forzosa por los horrores que han causado los grupos armados”, asegura William Fényx Hurtado, secretario general del Consejo Municipal de El Charco.

Hasta el momento no hay registros de contagiados por Covid-19 en El Charco y las autoridades locales han puesto en marcha diferentes acciones de prevención, ya que el único centro de salud existente en la cabecera municipal, el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, no cuenta con infraestructura ni siquiera para tomar las muestras que se requieren para el diagnóstico. En caso de emergencia, los pacientes tienen que ser remitidos a Tumaco después de un recorrido de cuatro horas en lancha, ya que las únicas vías de acceso a El Charco son fluviales o aéreas, siendo esta última opción un privilegio de pocos.

“Tenemos limitaciones en las vías de intercomunicación con los otros municipios, bien sea para llegar a Tumaco (Nariño) o a Buenaventura (Valle del Cauca), tenemos que recorrer cerca de cuatro horas en lancha dependiendo de las condiciones climáticas. Esta ha sido una de las oportunidades que han encontrado los grupos armados para asediar y confinar a la población que, sin poder salir por caminos terrestres, ha sido sometida a graves vulneraciones de derechos humanos y han tenido que encerrarse en sus casas y en silencio esperar que pase lo malo”, agrega William Fényx.

Por ejemplo, en febrero de 2010 hombres armados asesinaron al exconcejal de El Charco David Creo y a cuatro personas de su familia. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas y días después aparecieron los cuerpos sin vida en una vereda del municipio. Hasta el momento no se conoce la verdad de esta masacre que causó terror en la población.  

En la actualidad, la población charqueña es mayoritariamente afrodescendiente y está sumida en la pobreza y en el rezago socioeconómico frente a otros municipios del país. Según el Dane, cerca del 50% de la población no cuenta con energía eléctrica, un 85% no tiene agua potable y solo en el 2% del territorio hay alcantarillado. Los niveles educativos son muy bajos, no hay posibilidad de educación superior y la tasa de deserción escolar es muy alta. Las instituciones educativas no cuentan con infraestructura ni servicios para garantizar la permanencia de los estudiantes.

“Desafortunadamente en la institución no tenemos espacio suficiente para que los estudiantes se recreen por lo que deben ir a sus casas a pasar el tiempo del descanso y buscar comida. Los alimentos que nos llegan del Gobierno no son suficientes para mantenerlos toda la jornada en la institución”, explica Ninfa María Castillo de Rebolledo, docente de la institución educativa El Canal Nocturno Mariano Ospina Pérez.

En El Charco la violencia ronda en todos los rincones, otro de los hechos más recordados por la comunidad fue el atentado en el que murió Heriberto Estupiñán, un niño de 11 años que había salido de la escuela en el horario de descanso. Un desconocido le pidió que llevara un paquete hasta la Estación de Policía, él lo llevó sin saber que era una carga explosiva. “Nunca imaginamos que a nuestros niños los podrían utilizar para cosas malas, todo lo que hemos pasado en El Charco nos hace vivir con la expectativa del miedo, mantenemos pensando a qué hora puede haber una explosión o un homicidio”, cuenta María Reinelda Perlaza, docente y miembro del Proceso de Comunidades Negras (PCN).

En 2019, la Comisión de la Verdad realizó un acto de reconocimiento nacional a niños y niñas víctimas del conflicto armado, en el que se documentó y visibilizó el caso Heriberto. “Yo no tengo ninguna venganza con nadie, solo le pido al Señor que no vuelva a pasar lo que a nosotros nos pasó”, dijo Rosa Estupiñán Obando, madre de Heriberto, en el encuentro ‘Nunca más niños y niñas en la guerra’.

De acuerdo a un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia las comunidades rurales que habitan en zonas geoestratégicas y con baja presencia histórica del Estado, son quienes presentan las mayores necesidades y exposición a riesgos de protección, propiciados por las nuevas dinámicas de la violencia armada y la persistencia del conflicto.

Aún no se ha calculado el impacto económico que tendrá el Covid-19 en Colombia, pero si se puede anticipar que en comunidades desprotegidas como El Charco el impacto será mayor.

Aunque la gente de El Charco tiene problemas como el acceso a la tecnología, servicios sanitarios, vías de transporte, ayudas del gobierno, sistema educativo, satisfacción de necesidades básicas y violencia a causa del accionar de grupos armados, ellos y ellas siguen mirando hacia adelante. “A pesar de la guerra seguimos creyendo en que podemos vivir en paz, este es un charco de esperanzas y seguiremos defendiendo a nuestras familias del coronavirus y de la violencia armada”, agrega William Fényx Hurtado.

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“Hemos llegado a municipios como El Charco para escuchar sus verdades del conflicto armado, pero también hemos visto la verdad del abandono histórico en el que se encuentran todos nuestros pueblos étnicos que viven en los ríos, veredas y municipios en las regiones tan profundas como el Pacífico colombiano”, expresa la comisionada Ángela Salazar.

La Comisión de la Verdad, a través de la Territorial Tumaco, ha hecho presencia en esta comunidad, generando espacios de escucha a las víctimas del conflicto armado, que no solo han participado en los encuentros convocados por la Comisión, sino que también han manifestado su interés en que este proceso les ayude a esclarecer la verdad de los hechos de violencia ocurridos en el territorio y conocer las razones por las que llegaron personas de otros lugares a sembrar terror.