Casos de violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria

El pasado 18 de febrero, la Fundación Nidia Erika Bautista con el apoyo de Oxfam y la colaboración de las organizaciones ‘Narrar para vivir’ y ‘Mujer sigue mis pasos’ entregó a la Comisión de la Verdad el informe ‘Despojadas de su humanidad: violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria en Bolívar y Montes de María’.

El informe presentado por la directora de la Fundación, Yannette Bautista, registró 120 episodios de violencia sexual y otras formas de violencia basadas en género contra mujeres y niñas en el marco de los procesos de búsqueda de familiares que fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución sumaria y reclutamiento forzado. Las mujeres y niñas que vivieron estos episodios violentos provienen de distintos lugares del país como Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia y Santander.

La investigación señala que la responsabilidad de estas violencias recae en un 56% sobre paramilitares, 23% en el Ejército Nacional, 8% en guerrillas y 13% en miembros de la comunidad y la familia, sin embargo, el documento hace especial énfasis en la necesidad de que al Estado se le atribuya el 80% de responsabilidad, pues los paramilitares actuaban mancomunados con el Ejército.

Otro elemento clave que señala el documento es que estas violencias han sido padecidas de distintas formas de acuerdo al espacio geográfico y el tiempo, pero además han afectado transgeneracionalmente a las mujeres, es decir abuelas, madres, hijas y nietas, han sido herederas de la esclavitud doméstica, la violencia sexual, la tortura y la violencia intrafamiliar y comunal. Acciones cuyos móviles han sido las acciones bélicas para eliminar testigos, atacar al enemigo y controlar territorios.

También, se destaca en la investigación que el 90% de los casos documentados no han sido ni investigados, ni visibilizados, ni juzgados porque las entidades encargadas de impartir justicia no lo han hecho. Continúan en la impunidad y se detecta falta de voluntad política para iniciar las investigaciones disciplinarias que no se realizaron en el marco de la justicia transicional de la “Ley de justicia y paz” y que tampoco se han abordado desde la justicia ordinaria.

Finalmente las mujeres que participaron como testimoniastes dijeron que para superar el conflicto es necesario: la creación de políticas públicas de mujeres víctimas y planes de gobierno incluyentes que les permita representar sus propias demandas; avanzar en la formulación e implementación de reformas estructurales para la garantía de empleo digno, formación académica y participación política directa, y que las instituciones encargadas de impartir justicia asuman su responsabilidad.

La comisionada Alejandra Miller agradeció a la Fundación Nydia Erika Bautista por los aportes en un momento en el que la Comisión inicia el proceso de analizar en detalle las distintas experiencias padecidas en el marco del conflicto armado para explicar los contextos, motivaciones y causas de la violencia sexual y otras violencias basadas en género.

Por su parte, Patricia Pacheco, representante de país de ONU Mujeres en Colombia, citó: “Las mujeres a menudo se eliminan de la memoria y luego de la historia”. Con esa frase de Doris Lessing recordó que es vital sacar a la luz aquello de lo que no se habla, porque a menudo  los relatos de las mujeres son silenciados para “ocultar la histórica instrumentalización del cuerpo femenino y la naturalización de este tipo de violencias no solo en la guerra, sino también en las calles y las casas”; además agregó que ese ejercicio es primordial para “romper las barreras que no dejan a las mujeres acceder a la justicia transicional”, visibilizar “lo que enfrentan las buscadoras en sus procesos de exigibilidad” y recalcar la urgencia con la que se necesitan mecanismos judiciales, extrajudiciales y en general un Estado que garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Este informe hace parte del proceso de escucha plural que lleva a cabo la Comisión y servirá como insumo en el riguroso proceso investigativo que realiza la entidad.