La Comisión recibió recomendaciones sobre el reconocimiento de las violencias reproductivas

El pasado 27 de julio el Centro de Derechos Reproductivos convocó a la Comisión de la Verdad a un dialogo cercano y directo sobre las violencias reproductivas en el marco del conflicto armado con base en los informes presentados a la Comisión, el pasado 18 de junio, por Women’s Link Worldwide, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos.

El espacio fue presentado por Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, y el panel fue moderado por la profesora Tatiana Sánchez de la Universidad Javeriana. En el panel de diálogos participaron Catalina Martínez, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos; Cristina Rosero, asesora legal para el conflicto del Centro; Ángela Mateus, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; y Mariana Ardila, abogada de la Dirección Legal de Women’s Link Worldwide.

Este diálogo se llevó a cabo con el objetivo de posicionar las violencias reproductivas como un fenómeno estructural del conflicto armado colombiano y como una de las expresiones de las violencias sexuales. El Centro de Derechos Reproductivos entiende las violencias reproductivas como toda vulneración a la capacidad de las personas para decidir si quieren tener o no hijos y en qué momento, en otras palabras, como toda violación a la autonomía reproductiva, como por ejemplo: anticoncepción forzada, esterilización forzada, embarazo y maternidad forzadas.

Debido a que todos los actores armados del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, Fuerza Pública) ejercieron violencias reproductivas contra mujeres, niñas y personas LGTBI, y sumado a que esta afectó a toda la población y no ocurrió solamente dentro de las filas de grupos al margen de la ley, el Centro considera que es necesario visibilizarla, pues ha constituido una de las múltiples formas violentas del conflicto armado.

Por esta razón, el Centro recomendó a la Comisión de la Verdad reconocer las violencias reproductivas de forma independiente y sus afectaciones desproporcionadas a niñas, mujeres y personas LGBTI. Se indicó también la importancia de dimensionar los daños físicos y emocionales en víctimas y comunidades, de modo que se pueda trabajar en conjunto con ellas con el objetivo de definir formas acertadas de reparación. Por último, el Centro de Derechos Reproductivos propuso que el Estado debe establecer sistemas que aseguren el acceso a la información y a la educación en servicios de salud sexual y reproductiva integral pues solo así se garantizarán los procesos de no repetición de estas violencias. 

Por otro lado, Women’s Link Worldwide dijo que esto no es exclusivo de Colombia, en contextos de violaciones masivas de los derechos humanos -sean dictaduras, conflictos, represión política- hay violaciones a los derechos reproductivos y que, a pesar de la evidencia tanto en Colombia como en el mundo, la violencia reproductiva es una violencia invisible, sin nombre, lo que muchas veces se convierte en un obstáculo para la verdad, la justicia y la reparación.

Por su parte, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres enfatizó en la importancia de reconocer la violencia reproductiva como una categoría de análisis que contemple las vulneraciones a los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres, tanto combatientes como de la población civil y que además se considere que este tipo de violencia no solo obedece a las condiciones del conflicto armado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de violencia reproductiva estructural.

Según el Centro, las víctimas de este tipo de vulneraciones sufren consecuencias graves de salud como limitaciones en el desarrollo, impactos en la capacidad reproductiva y cicatrices o riesgos de infección. La salud mental también se ve afectada ya que se pueden desarrollar síntomas de depresión y ansiedad, las relaciones afectivas se perjudican y se dificulta el hecho de llevar una vida sexual satisfactoria. Por esto, para ofrecer a las víctimas reparaciones apropiadas y acertadas, es necesario que el Estado colombiano reconozca las violencias reproductivas como una categoría autónoma. Se considera que la Comisión de la Verdad tiene una oportunidad histórica para visibilizar sus consecuencias a partir de su reconocimiento.

Durante el evento, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola expresó: “El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto desproporcionado especialmente sobre mujeres y niñas, quienes han sufrido formas de violencia contra sus derechos sexuales y reproductivos como la violencia sexual, el embarazo, la planificación, el aborto y la maternidad forzadas. Históricamente, la violencia reproductiva ha sido menos visible, lo que impide que se hable de sus dimensiones y las víctimas sean adecuadamente reparadas. Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos marcan pautas frente al derecho a la verdad, la memoria y la no repetición, al igual que frente a la eliminación de la discriminación y la violencia de género. A la luz de estos estándares, en Colombia es hora de avanzar hacia el reconocimiento y reparación de todos los tipos de violencia. Y manifiesto nuestro compromiso para acompañarlos en este camino”.

Para la Comisión de la Verdad, espacios como estos permiten avanzar en el proceso de investigación, la escucha plural, la garantía de participación, así como en la identificación de sugerencias para la no repetición. Al recibir las recomendacions, la comisionada Alejandra Miller, dijo: “Tenemos el compromiso de hacer que el país conozca lo que pasó alrededor de las violencias a los derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado. Para que estas violencias no se repitan es fundamental la implementación de los acuerdos de paz. Tenemos 100 medidas relacionadas con el tema de género que deberán ser cumplidas y que contribuyen a esos escenarios de no repetición”.

Este encuentro hace parte del proceso de los distintos espacios de escucha que serán liderados por el Grupo de Trabajo de Género de la Comisión para ahondar en los patrones de violencias cometidas contra mujeres y personas LGBTI en el marco del conflicto armado.

El espacio contó con la participación de más de 100 personas que desde distintos territorios, organizaciones, equipos de la Comisión y de otras entidades como: Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisionada Antonia Urrejola; el magistrado Oscar Parra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); los equipos del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBPD); Tatiana Rein, presidenta del Mecanismo de expertas de Seguimiento a la Convención Belem do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA); representantes de la Unión Europea y las Embajadas de Suecia e Irlanda; la representante de país del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), Aída Verónica Simán; el equipo de la MAPP/OEA, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), OXFAM; la representante a la Cámara Ángela María Robledo; Gloria Inés Ramírez, vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (órgano internacional encargado de hacer seguimiento a la implementación de las medidas de género en el Acuerdo de paz en Colombia); equipos del Ministerio de Justicia; representantes de las organizaciones del movimiento de mujeres; y personas LGBTI que hacen parte de la Mesa de Asistencia Técnica del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad y ONU Mujeres.