Cuando las empresas cedieron a las presiones de los grupos armados en el conflicto

No importa lo que hagamos, no importa que una empresa sienta temor o prevención ante la posibilidad de construir o reconstruir su propia memoria sobre el conflicto, no importa que pretenda desconocer su actuación, quizá equivocada, quizá acertada, quizá forzada por una fuerza que no pudo resistir. Esa memoria sigue allí, así sea oculta, perdida en documentos, archivos y recuerdos de empleados, directivos y trabajadores y, además, si hubiera lugar a un proceso dialógico, se permitiría también desentrañar otros puntos de vista como los de las comunidades.

Si la memoria se desencadenara contribuiría a extraer lecciones de gran interés y se confrontaría con otras para construir verdad como punto de partida de profundización de la democracia, la legitimidad y la paz.

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La propuesta de fondo aquí es que, en su actuación cotidiana, en sus decisiones, en el manejo de sus dilemas éticos, una empresa revela su pensamiento y su expectativa sobre la sociedad a la cual presta sus servicios, y la cual consume sus productos. Por esta razón, la responsabilidad social de los negocios llega más allá del marco restringido de la maximización de utilidades, para incorporar las expectativas de la sociedad sobre la empresa en momentos históricos diferentes.

En el mundo moderno la transparencia, la actuación ética y la rendición de cuentas son principios fundamentales de la legitimidad y de la responsabilidad social en la relación de la empresa con la sociedad –así lo propone la Guía internacional ISO26000, que es la propuesta más avanzada a nivel mundial sobre prácticas de responsabilidad social empresarial–. Son principios irrenunciables, mucho más si se actúa en mercados cada vez más exigentes que premian o castigan la actuación. El castigo más fuerte se produce cuando el ocultamiento es deliberado.

La actuación frente al conflicto armado en Colombia ha sido un asunto de especial interés para muchas empresas, afectadas por el asesinato o secuestro de trabajadores y contratistas, que son riesgos y consecuencias para el servicio, para su personal y sus familias, y un sabotaje contra su infraestructura y sus instalaciones. Las evidencias indican que muchas empresas cedieron a las presiones de los grupos armados ilegales o actuaron en connivencia con ellos. Otras, en cambio, se negaron a actuar como financiadores; y otras más estructuraron su gestión con base en la resistencia frente a los atropellos recibidos, se sumaron a alianzas con organizaciones sociales, iglesias y comunidades, y prefirieron buscar el desarrollo y la paz en diversas regiones del país. La propuesta de desarrollo y paz es un gran soporte de construcción de paz en muchas regiones, y de ella han formado parte varias empresas.

Los dispositivos de respuesta a la confrontación incorporaron elementos entre los cuales se incluyeron: modalidades de relación con la Fuerza pública, diferentes acercamientos al entendimiento de la relación con las comunidades en el entorno de sus actividades, relación con organizaciones sociales y con otras empresas, y todo ello, en el marco de sus estrategias empresariales. Esos dispositivos conformaron un abanico que se abre, en un extremo, con la complicidad y simpatía hacia algún grupo armado al margen de la ley, y se cierra, en el extremo contrario, con las empresas que se vincularon a alianzas orientadas a construir desarrollo y respeto a los derechos humanos en medio de la confrontación.

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Todo indica que no hubo ni hay un único patrón de actuación empresarial frente a los Grupos armados ilegales. Las empresas actuaron en procura de la viabilidad de sus operaciones, así, en muchos casos, algunas o muchas de ellas renunciaran a una actuación ética. Pero llegó el tiempo de la memoria, el aprendizaje y la construcción de paz… es ya.

^{*Este texto es producto de “Reflexiones sobre la verdad”, una alianza de Colombia2020 con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.}