Las ejecuciones extrajudiciales en el trabajo de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad

Las ejecuciones extrajudiciales, llamados también ‘falsos positivos’, son una muestra de la degradación del conflicto armado en Colombia. Se trata de una práctica cometida de forma masiva y sistemática, a través de la cual miles de personas fueron asesinadas y presentadas como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate.

A lo largo de su mandato, la Comisión de la Verdad ha promovido acciones para el reconocimiento de todas las víctimas y la construcción de un relato amplio, en el que estas participen, con miras a que estos hechos no se repitan.

Según la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), hay evidencia concreta de 6.402 casos, entre 2002 y 2008, que se presentaron en 31 de los 32 departamentos del país, pero se concentraron sobre todo en nueve de ellos.

En 2019, la Comisión inició el proceso para esclarecer el porqué de estos crímenes de lesa humanidad. En 2020, comenzó el trabajo para generar un reconocimiento público a partir de los testimonios de las víctimas con el fin de dar contextos que le expliquen a la sociedad las dimensiones y complejidades de esta grave violación a los derechos humanos. Este tema es fundamental para construir las recomendaciones que se dejarán al país en el Informe Final que se presentará en junio de este año.

La ruta para la dignificación de las víctimas

En 2021, la Comisión de la Verdad realizó una serie de encuentros territoriales privados con participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en cinco de los departamentos de mayor afectación: Meta, Antioquia, Norte de Santander, Cesar y Valle del Cauca.

El primero de esos eventos se realizó el 26 de agosto en Villavicencio. Víctimas de Meta, Guaviare, Caquetá, Arauca y Casanare intercambiaron testimonios y experiencias de resistencia.

Víctimas de ejecuciones extrajudiciales exigen que el Estado acepte su responsabilidad

El Encuentro por la Verdad a nivel nacional, que tuvo lugar el pasado 5 de octubre de 2021, es el punto con el que culminó la primera fase de la ruta que la Comisión de la Verdad inició en agosto, priorizando zonas como Orinoquía, Centroriente, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe y Surandina.

Fue la primera actividad pública desarrollada entre la Comisión de la Verdad y la JEP, como un paso fundamental en la reparación simbólica de las víctimas. Fue un escenario para hacer memoria, contribuir a la dignificación de las familias y permitir que los responsables aceptaran su participación y, sobre todo, reconocieran el daño causado.

Representantes de víctimas de distintos territorios increparon al Estado sobre su responsabilidad en la práctica de estos hechos. Los testimonios compartidos también fueron un llamado de atención a la sociedad para que reconozca lo ocurrido.

Algunas de estas voces fueron la de Martha Giraldo, representante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado (Movice); Luz Marina Bernal Parra, madre de una de las víctimas de Soacha, Cundinamarca; Bertina Badillo, representante de las víctimas del sur de Bolívar; Eliécer Arias, indígena kankuamo.

El comisionado Alejandro Valencia habló de la labor desarrollada por las dos instituciones del Sistema Integral de Paz en los casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la inclusión de este fenómeno en el Informe Final de la Comisión: “Esperamos poder profundizar algunas de estas tesis y seguir adelantando la investigación con el ánimo de presentar este caso, lo mejor documentado posible, en nuestro Informe Final”.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Misional, al 30 de noviembre de 2021, la Comisión había realizado 1.616 entrevistas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales. De ellas, 82 a comparecientes ante la JEP y 56 a otros actores armados. También se hicieron 174 ejercicios de entrevistas colectivas y 1.096 de entrevista individual o en profundidad a víctimas. Por último, se hicieron 208 entrevistas a expertos testigos u otros actores. Adicionalmente, la Comisión ha revisado 367 informes y 93 casos provenientes de organizaciones, instituciones o personas, que la ha acercado a identificar los patrones de esta práctica.

En el marco de la ruta para la dignificación de las víctimas, también se abrió un espacio para reconocimientos públicos de responsabilidades en Toluviejo, Sucre, el 27 de octubre, y en Yopal, Casanare, el pasado 10 de noviembre. Algunos miembros de la fuerza pública (entre retirados y activos) pidieron perdón a los familiares de las víctimas y ratificaron su compromiso por seguir en el proceso de esclarecer la verdad.

En el caso de Toluviejo, se trató del primer encuentro público entre las víctimas y un alto oficial del Ejército que reconoció su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se han realizado, como lo señaló entonces la comisionada Marta Ruiz. En Casanare, dos integrantes retirados de la fuerza pública y uno activo reconocieron responsabilidades y aportaron voluntariamente en el proceso de dar a conocer lo ocurrido.

En un encuentro posterior, el 1 de diciembre de 2021, algunos de los responsables que pertenecen al Comité de Reconciliación, compuesto por comparecientes de la fuerza pública, explicaron por qué la institución militar se vio involucrada en la degradación de la guerra, reconocieron responsabilidades y pidieron perdón a las víctimas.

El próximo 10 de mayo, tendrá lugar el reconocimiento de responsabilidades en Soacha, Cundinamarca, con el que concluirán los actos públicos del proceso que ha promovido la Comisión de la Verdad, a lo largo de su mandato, para contribuir al esclarecimiento de estos hechos tan dolorosos para el país.