Las propuestas para la no continuidad del conflicto armado en Catatumbo

Por tercer año consecutivo, la Comisión de la Verdad desarrolla un espacio de diálogo social bajo el enfoque de la no continuidad y la no repetición del conflicto armado en el Catatumbo. En esta ocasión, la cita presencial es el jueves 16 de septiembre a las 2:30 p.m. en el Hotel Bolívar. La jornada será transmitida por las redes sociales de la Comisión de la Verdad (https://www.youtube.com/c/ComisiondelaVerdad, https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/ y comisióndelaverdad.co).

Los diálogos para la no continuidad y la no repetición del conflicto armado son una metodología de diálogo social de la Comisión de la Verdad para profundizar en los factores que facilitan o contribuyen a la persistencia del conflicto armado. En 2019, estos diálogos se concentraron en el ataque sistemático contra líderes y defensores de derechos humanos; en 2020, se enfocaron en identificar factores de persistencia de la violencia, entre los que se hallaron la presencia diferenciada del Estado, el narcotráfico como motor del conflicto y la degradación de la guerra con la presencia de los otros actores armados en el territorio. Y en 2021, los diálogos avanzan para instalar las agendas para la no repetición, basadas en las demandas de presencia institucional identificadas los años anteriores. Las propuestas para superar la violencia que surjan desde los territorios servirán de insumo para las recomendaciones del Informe Final de la Comisión.

La agenda

La jornada estará dividida en dos paneles. El primero se titulará ‘¿Cómo parar la degradación de la guerra en Catatumbo?’, iniciará a las 2:30 p.m. y tendrá como integrantes a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Ernesto Samper, expresidente de Colombia y director de la Corporación Vivamos Humanos; Alba Luz Trigos, coordinadora de la Red de Mujeres del Catatumbo; el padre Jorge Luis Carvajal Garnica, delegado de la Comisión de Reconciliación y Paz; Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander; y David Fernández, asesor delegado de la Alta consejera Presidencial para los Derechos Humanos. 

El segundo panel hablará sobre la ‘Economía del narcotráfico y su relación con el conflicto armado en el Catatumbo’, empezará a las 4 p.m. y tendrá como invitados a Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc); Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar; Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia; y a Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

¿Por qué el Catatumbo?

Durante 2021, las dinámicas asociadas con el conflicto se han profundizado y ha generado una crisis humanitaria. La diversidad de actores ilegales y de sus intereses ha incrementado los enfrentamientos armados entre ellos, lo que ha generado el desplazamiento de población civil, una masacre, asesinatos de líderes sociales, ataques a la fuerza pública. 

La Unidad de Víctimas tiene registradas 341.412 víctimas del conflicto armado en esta región, integrada por doce municipios y dos resguardos con 23 asentamientos del pueblo indígena barí, que además tienen un alto nivel de pobreza de entre 87,1% y 60,10%, principalmente en las áreas rurales, el nivel de pobreza del departamento es del 54,46%. 

Históricamente, en Catatumbo han estado presentes las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL), las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de grupos paramilitares como la Mano Negra, la Sociedad de Amigos de Ocaña, los Tunebos, los Masetos, los Ovejos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En las últimas dos décadas se conformaron grupos residuales como las Águilas Negras, los Rastrojos, los Urabeños, los Pelusos, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC-EP, para disputarse y garantizar el control de la economía de la coca.

El proceso del diálogo social

En 2020, la Comisión desarrolló once diálogos de profundización en Catatumbo y un diálogo público regional, con 248 diversos actores entre líderes y lideresas campesinas, sector empresarial, instituciones públicas, organismos de cooperación, excombatientes y pueblos indígenas, entre otros. Uno de los propósitos era contribuir en la explicación de la presencia histórica de los actores armados, de quiénes se benefician de las economías ilegales, y de por qué el narcotráfico y las actividades asociadas siguen siendo uno de los principales renglones económicos de la región, a pesar de la violencia asociada. En segundo lugar, se buscó plantear posibilidades de superación de dichos factores de persistencia. Este proceso culminó en un Diálogo Regional público el 15 de octubre del año pasado. 

Entre las principales conclusiones del proceso estuvieron que la persistencia del conflicto armado en Catatumbo tiene profundas raíces en las formas de control territorial violento por parte de los grupos armados ilegales, las economías ilegales y la presencia diferenciada del Estado. Esto, a su vez, está relacionado con un déficit en las garantías de seguridad, principalmente en el área rural. 

El narcotráfico es la economía ilegal predominante y una de las opciones económicas más viables para una buena parte de los habitantes de la región. Norte de Santander es el departamento más afectado por cultivos de coca del país con al menos 40.000 hectáreas de coca según el reporte de UNODC en 2021. De acuerdo con los participantes del proceso de diálogo social, en la sostenibilidad de esta economía participan actores legales que facilitan la movilidad de los insumos y de la comercialización de la cocaína.

La presencia diferenciada del Estado tiene varias expresiones como la escasa inversión social, el precario estado de la infraestructura vial y la poca garantía en el acceso a derechos fundamentales; en contraste con la alta presencia militar. Por último, en términos del control territorial violento por parte de grupos armados ilegales se afirmó que éstos pretenden instaurar órdenes sociales convenientes a sus propósitos, mediante el uso o amenaza de la violencia. 

Las recomendaciones del territorio

Como resultado del proceso de diálogo social desarrollado por la Comisión de la Verdad, para desescalar el conflicto armado la población del territorio ha dado recomendaciones que contribuyen a este proceso de no continuidad y no repetición del conflicto armado: como aumentar y cualificar la inversión social en el territorio para disminuir la pobreza, promover cambios en la política pública de drogas que actualmente recae sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva y estigmatiza a los pequeños cultivadores, e implementar de forma eficiente el Acuerdo de Paz de La Habana, entre otras.