La verdad de la salud en el conflicto armado, una medicina para la paz

“¿Cuánto le vale a un campesino llevar a su hijo hasta el centro de salud y garantizar que le pongan una prótesis?”, preguntó el médico e investigador Víctor De Currea Lugo. “Sabemos que una gran cantidad de médicos y médicas rurales, que al llegar a una de estas áreas que antes llamábamos “zonas rojas” y que siguen siendo las áreas del conflicto armado, el mismo día de llegada, uno de los actores armados, cualquiera de ellos, la guerrilla, los paramilitares, el Ejército o la policía, les tocaba a la puerta y les decía: aquí mandamos nosotros y usted está con nosotros o tiene 24 horas para devolverse”, cuenta el comisionado de la verdad Saúl Franco.

Los dos médicos e investigadores, Franco y De Currea explican que el conflicto ha afectado la salud de los colombianos desde su derecho a la vida, al buen vivir, a la salud física y la salud mental, y ha dificultado o impedido el acceso a la atención médica, a tratamientos, a medicamentos y al tránsito de ambulancias. “Sabemos que los grupos armados controlaron el acceso a medicamentos contra la malaria y la leishmaniasis en ciertas zonas de guerra, y que los contagios entre los combatientes y la población aumentaron”, narra el comisionado Franco.

De Currea aclara que “cuando se habla de misión médica no solamente es el personal médico, es el personal de enfermería, las bacteriólogas, los vigilantes, los camilleros, los conductores de las ambulancias, las personas del aseo, todo eso hace parte de que un hospital funcione y dolorosamente todas han sido afectadas en medio de la guerra”, explicó De Currea Lugo.

La atención médica en el conflicto no es sencilla, el manejo de los heridos de guerra, por ejemplo, requiere una logística y una infraestructura de salud compleja: salas de cirugía, prótesis, trasplantes, implantes y una serie de técnicas especializadas. “A veces pensamos solamente la medicina de guerra como un problema de los heridos de bala, pero no en la afectación a la salud mental, la afectación a la salud médica, la afectación en términos de rehabilitación física genera una carga muy elevada para el sistema”, recalca De Currea.

El comisionado Franco hizo hincapié en que la mayor cantidad de población afectada por el conflicto es pobre, rural y joven, y que a esto se le suma la complicación del control territorial: “Los diversos grupos armados hacían y siguen haciendo un control del tránsito de las personas, con toques de quedas que impidieron la movilización para recibir atención médica. Recuerdo el caso de un niño en Arauca, que lo mordió una serpiente y murió porque no pudieron llevarlo al hospital por el toque de queda, además de todas las mujeres que tenían los partos en las noches y debían esperar o parir en sus casas”.

“La cosa fue más difícil para los combatientes. Hay que recordar que prestar servicios de salud durante la guerra no es un delito. Atender médicamente a un herido de guerra es una obligación constitucional y se basa en el principio de solidaridad. En el código penal nuestro, omitir la labor humanitaria es un delito que da cárcel. Desafortunadamente, entre los actores armados ha hecho carrera la idea de que la asistencia humanitaria a un herido es un acto de complicidad y ha habido un acto de satanización del personal médico en medio de la guerra”, enfatiza De Currea.

Todas las afectaciones a la salud física y al sistema de salud terminan afectando cada vez más la salud mental de los colombianos: “Aquí ha sufrido la salud mental de la población, pero también la salud mental de soldados y excombatientes. Escuchamos a unos soldados que habían sido víctimas de minas antipersona y la mayoría nos confesaron que habían tenido ideas suicidas. Tenemos un pendiente un saldo muy grande para cuidar la salud mental, el mejor cuidado sería parar la guerra”.

Franco y De Currea se encontraron en el conversatorio ‘Salud y Conflicto’, de la Comisión de la Verdad en Ulibro 2020 – Feria del Libro, el pasado viernes 28 de agosto.