Los estremecedores testimonios de militares y policías víctimas y sus familiares ante la Comisión de la Verdad

La Comisión desarrolla una tarea histórica: contribuir a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. Por esto a lo largo de su mandato ha escuchado a los diferentes sectores sociales afectados por el conflicto armado bajo la premisa de que esclarecer lo ocurrido es la base para que estos hechos no se repitan.

En el marco de esa apuesta de escucha plural, la Comisión entabló un relacionamiento con la fuerza pública. Un aspecto central de ese proceso fue profundizar en los impactos y las secuelas que ha dejado la confrontación armada en la vida de los exmilitares y expolicías víctimas, sus familias y sus entornos; visibilizar y rechazar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y recibir propuestas sobre lo que necesitamos transformar en el país en clave de no repetición.

Los Espacios de Escucha fueron algunos de los principales mecanismos que permitieron a la Comisión cumplir esos objetivos, para dignificar a las víctimas a partir del reconocimiento de sus vivencias y de sus formas de resistencia. También fueron un escenario para la reflexión pública de lo que nos ha pasado como país, a lo largo de más de cinco décadas de violencia.

Las huellas que ha dejado la guerra en los militares víctimas

El 13 de agosto de 2020 se realizó el primer Espacio de Escucha organizado por la Comisión con miembros de la fuerza pública. En este encuentro se abordó el tema del uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, que se encuentran prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y son una muestra de la degradación del conflicto en Colombia.

Exintegrantes del Ejército, víctimas de estas armas no convencionales, y algunos familiares contaron los impactos sufridos y cómo sus vidas se transformaron:

Nelson Enrique Ramírez contó cómo perdió una de sus piernas por una mina que pisó y expresó que las heridas en su cuerpo y "las huellas que nos ha dejado esta tragedia en nuestro país", nunca se borrarán, pero, que, pese a las dificultades que han enfrentado, otras víctimas como él encontraron en el deporte una forma de rehacer sus proyectos de vida. Destacó la experiencia del Club de fútsal Héroes de Honor, al que pertenece, que congrega a más de 20 militares de todos los rangos del Ejército: "Son personas que se han capacitado, que se han transformado más allá del dolor y las heridas de la discapacidad y han podido salir adelante”, dijo.

Diego Ignacio Gómez, que sufrió la amputación de una de sus piernas, resaltó que la familia, el deporte y el perdón son los cuatro pilares que le han permitido salir adelante. Sobre este último contó una anécdota: "Al ver que el odio y el resentimiento estaban obstaculizando mi vida, decidí pedirle ayuda a Dios para perdonar a los que me hicieron daño". Un encuentro con un joven exintegrante de un grupo armado ilegal, víctima de una mina antipersonal, como él, "fue de mucha sanación para mí y mi alma", relató.

Familiares también dieron sus testimonios ante la Comisión. Una de ellas, Ingrid Romero, madre de Marlon Romero, que murió en 2016 víctima de un campo minado en Norte de Santander, contó que conocer a otras mujeres que han pasado por su misma situación la ayudó a sobrellevar el dolor y la llevó a involucrarse en el trabajo colectivo por rescatar la memoria de sus hijos.

El comisionado Saúl Franco rescató la importancia de recordar para no olvidar a través del testimonio, el cual es un elemento "fundamental" para la tarea que tiene la Comisión de "convocar a la construcción de un país mejor” en el que se garanticen los derechos y la dignidad humana, es decir, "un país sin minas y por tanto sin víctimas como ustedes”.

Las experiencias de tres mujeres que perdieron a sus esposos, integrantes de la Fuerza Aérea

El 10 de septiembre de 2020, en otro Espacio de Escucha, tres familiares de víctimas pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad.

Al inicio del espacio, el presidente de la Comisión Francisco De Roux expresó su solidaridad con las víctimas y con sus familiares por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que sufrieron. Enfatizó que el conflicto en el país ha generado “víctimas de todas las partes” y que la expectativa de la Comisión era “contribuir para que este dolor humano tan profundo que hemos vivido en Colombia pare definitivamente, y que al interior de Colombia nunca más volvamos a tener una guerra que nos destruye tan profundamente entre hermanos de una misma nación”.

Raquel Lesmes, esposa del técnico jefe William Triana, asesinado en agosto de 2008 en Melgar, Tolima, en medio de un vuelo de instrucción que fue dinamitado por las FARC-EP,​​ contó cómo la ausencia de su ser querido cambió el rumbo de su vida. Instó a las entidades a hacer un acompañamiento a las familias “sostenido en el tiempo, no solo en los dos o tres primeros meses después de la tragedia, en los que nos miran más con lástima que con solidaridad, y luego solo pasamos a ser cifras”. También compartió un mensaje dirigido a la sociedad colombiana: “que la gente no sea tan indiferente a tantos hechos causados, que dejen tanta insensibilidad y se den cuenta de que también les puede pasar". Agregó que es tarea de todos "poner un grano de arena para que vivamos en paz".

Ana Yolanda Umbarila sufrió el secuestro y homicidio de su esposo, Sergio Augusto Rendón Barrera, en enero de 2001 por parte del Ejército de Liberación Nacional. "Yo me encontraba en el octavo mes de gestación de mi segundo hijo", relató. En el espacio de escucha presentó su intención de perdonar a quienes le causaron daño.

Cerró su intervención haciendo un llamado a promover el "respeto por la vida de cada ser como el tesoro más preciado bajo la premisa de que la vida es sagrada" y a que todos contribuyan desde sus hogares a la "eliminación de la violencia en todas sus expresiones".

Libia Romero perdió a su esposo, el capitán Javier Sarmiento Niño, miembro del cuerpo de inteligencia de la FAC, en 2018 a causa de un atentado con arma de fuego. Recomendó generar más espacios para escuchar a las víctimas como una forma de fortalecer las redes de apoyo y acompañamiento: "Son muy importantes todos esos espacios de participación, en los que aparece la verdad, de contar qué pasó, de expresar y poder contar cómo te sentiste, contar lo que ha pasado".

Tras escuchar las historias de estas tres mujeres, el comisionado Alejandro Castillejo  resaltó el poder de los testimonios para hacer visible “cómo construimos futuros incluso en las circunstancias más oscuras”.  Destacó que la Comisión de la Verdad “es un gran oído, un aparato muy grande, que se ha dedicado desde sus inicios a escuchar lo que la gente tiene que decir sobre sus experiencias concretas en el contexto de conflicto armado”.

En representación de la Fuerza Aérea, la coronel Magda Edith Guerrero Bonilla, jefe del Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, consideró que espacios de escucha como el que tuvo lugar ese día generan “empatía y nos permiten reconocer y comprender al otro, a las víctimas, quienes a través de sus palabras, experiencias y recuerdos nos señalan el valor de la vida y el respeto por los derechos humanos".

Los duros relatos de militares y policías secuestrados

El 26 de octubre de 2020 la Comisión escuchó los testimonios de integrantes activos y retirados de la fuerza pública víctimas de secuestro y de algunos de sus familiares.

Johan Steven Martínez, hijo del sargento Libio José Martínez, secuestrado en 1997 por las FARC-EP en la base de Patascoy, Nariño, nunca conoció a su padre. No lo llegó a conocer porque permaneció en cautiverio 14 años y fue asesinado en 2011. Pidió a la JEP que el caso sea esclarecido e hizo un llamado a avanzar hacia la paz. “Estudié Derecho. He podido avanzar, pero siempre guardando esa ilusión de poder ver a mi país tranquilo, en paz, que podamos salir todos adelante, que podamos sacar este país adelante”, dijo. Además compartió un mensaje para todos los colombianos: “No desfallecer, no retroceder a esas épocas de violencia. No queremos más sufrimiento y más derramamiento de sangre. Tenemos que avanzar como país y seguir luchando porque este país se lo merece y no podemos repetir la historia. Al contrario, debemos salir adelante”.

El sargento César Augusto Lasso Monsalve, mayor retirado de la Policía Nacional, fue uno de los secuestrados de la toma de Mitú por parte de las antiguas FARC-EP en noviembre de 1998. Estuvo en cautiverio durante 14 años. En su relato destacó que sufrió tratos degradantes, como el hecho de “estar siempre encadenados”, caminando por las selvas del país, “huyéndole a los bombardeos, huyéndole a las posibilidades de rescate”.

Para Lasso contar su historia tiene un efecto liberador. “Cuando logramos ser escuchados y cuando logramos escuchar nace una esperanza para continuar adelante. Al liberarnos del odio, nos llenamos de fortaleza porque ya no tenemos una carga que nos bloquea”, por eso, en su opinión, el país necesita generar espacios de escucha en los que “tanto el victimario como la víctima puedan contar y oír sus historias”, dijo.

El teniente coronel Raimundo Malagón Castellano fue secuestrado por las FARC-EP en agosto de 1998 en La Uribe, Meta. Fue liberado una década después en el marco de la Operación Jaque. En su testimonio destacó que una de las principales afectaciones se evidenciaba en las familias de los secuestrados, “algunas desintegradas” por el hecho de que sus seres queridos, en cautiverio, "perdieron la oportunidad de ver crecer a sus hijos, a sus sobrinos”. Hizo énfasis en que, para que haya reconciliación y garantías de no repetición, “lo que necesitamos son penas ejemplares, no puede haber impunidad”. También agradeció la oportunidad de contar su historia ante la Comisión y resaltó la importancia de que existan espacios para la memoria en los cuales "las nuevas generaciones, la juventud, la sociedad entienda los hechos que sucedieron en la historia reciente de nuestro país".

Las historias de familiares de policías desaparecidos

El 27 de noviembre de 2020, en otro espacio de escucha, cuatro mujeres compartieron sus testimonios sobre la desaparición de sus familiares, quienes pertenecieron a la Policía Nacional.

“Ha sido el impacto más grande de mi vida”

Estas fueron las palabras de Mónica Beatriz Villanueva Pérez. Su hermano, el capitán Bernardo Villanueva fue secuestrado por el frente 37 de las FARC-EP en Morales, Bolívar, en mayo de 1991, cuando ella tenía 12 años. Han pasado 31 años y junto a su madre, su padre (militar retirado) y sus hermanas espera encontrar los restos de su ser querido. “A la institución le digo que a sus hombres no los desampare. Al gobierno, que sea más humano, que nos den respuesta y que no nos dejen en el limbo (...). A los actores desmovilizados les pido, les imploro que si saben en dónde se encuentran los restos de mi hermano, por favor, no los hagan llegar. Es algo que necesitamos tener con nosotros”, expresó.

Un esposo y un padre desaparecido

El Cabo Primero Héctor Suárez también fue secuestrado por las FARC-EP en la toma de Morales, Bolívar. Su esposa Merly Suárez tenía 17 años y una hija de cinco meses, en ese momento. Fue el "comienzo de muchos años de dolor, de espera, de búsqueda", dijo.

Diana Suárez, hija del Cabo, relató que creció con la esperanza de que su padre regresaría algún día, “después  de tantos años, el deseo ahora es poder encontrar sus restos y conocer toda la verdad”.

Esposa e hija compartieron un mensaje de "perdón para todas aquellas personas que nos han causado tanto daño" y pidieron a la sociedad "menos indiferencia con el dolor ajeno". Al Estado, entretanto, le exigieron “mayor atención para las víctimas y para las poblaciones que se encuentran en riesgo en estas zonas donde estos grupos están presentes”.

​​“Mi hermano tiene 27 años, 10 meses, 27 días desaparecido y no sabemos nada”

Blanca Contreras es la hermana del agente de la Policía Nacional Tomás Contreras, quien tenía 23 años cuando desapareció en enero de 1993. En su testimonio expresó la necesidad de ella y su familia de “cerrar este ciclo, un ciclo de dolor, de desesperación”, el cual han sobrellevado gracias a la resiliencia. “La vida continúa, hay que seguir adelante. Nos tocó volvernos resilientes, aceptar las cosas. Nosotros como familia tenemos la esperanza de poder encontrarlo”, expresó.

Al cierre del espacio, el comisionado Carlos Martín Beristain recalcó que entre los principales reclamos de las víctimas se encuentra una mayor respuesta por parte de las instituciones del Estado, así como un llamado a que no se sigan produciendo estos crímenes de lesa humanidad. “Es una demanda fundamental de los familiares para hacer frente a su dolor, porque cada nueva desaparición recuerda la desaparición de su propio familiar”, dijo.

El comisionado también señaló cómo los testimonios escuchados muestran que el impacto de este crimen de lesa humanidad ha recaído en las mujeres, “las compañeras, las hermanas, las hijas de esos policías desaparecidos" y recuerdan “la importancia de que la sociedad tenga empatía, tenga reconocimiento de que esto no es un problema solamente de las familias, es un problema de toda la sociedad”.

Conozca más detalles sobre este encuentro aquí.

Espacio de Escucha con víctimas integrantes de la Armada Nacional

En un espacio de escucha realizado el 27 de noviembre de 2020, algunos exintegrantes de la Armada víctimas del conflicto y familiares relataron sus historias.

Andrés Salazar, infante (r) de Marina, contó cómo, por una mina, perdió las piernas y el ojo izquierdo. A pesar de estas cicatrices que le dejó este hecho, encontró en el deporte paralímpico una nueva oportunidad. “Esto me ayudó mucho en mi proceso. He representado al país y a veces siento que la discapacidad me ha dado muchas cosas. Siento que a través del deporte le sirvo a mi país”.

El infante (r) de Marina Óscar Darío Rojas pisó una mina que le destruyó totalmente su pierna derecha y su madre tuvo que elegir que le amputaran la izquierda para que la infección no acabara con su vida. "Los médicos le dijeron a mi madre que tenía que tomar una decisión inmediata, porque si no me quitaban la pierna izquierda me podía matar la infección", contó el exmilitar.

El secuestro también se abordó en este espacio de escucha. Kelly Guarnizo, tía del suboficial José Gregorio Peña, secuestrado en 1999 por las FARC-EP y asesinado en cautiverio, contó cómo en las cartas que le escribía su sobrino "nos decía que él tenía la esperanza de volver a la casa. Su asesinato nos generó mucho dolor y cada día lo recordamos". Le pidió a los desmovilizados del antiguo grupo guerrillero que no vuelvan a “asesinar ni a secuestrar” a jóvenes integrantes de la fuerza pública que, como José, ejercían “un trabajo digno para ellos y para sus familias”.

El comisionado Leyner Palacios destacó la importancia de los testimonios recibidos para que la Comisión pueda "decirle a Colombia en el Informe Final qué es lo que no se puede repetir, qué es lo que Colombia necesita transformar".