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Relatos del porvenir: reconocer los árboles, los caminos y pobladores como sujetos de dolor.
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Desde el litoral, caminando por los territorios en la búsqueda de la verdad del conflicto.
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Una Maleta colombiana, la experiencia del exilio colombiano y la Comisión de la Verdad.
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Los Diálogos para la No Repetición son espacios de participación y discusión social.
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En borrador: intuiciones, experiencias, llanto, canciones, reflexiones, certezas y todo aquello que sea parte de esta transición histórica.
Por:
De GéneroOtilia Lux de Cotí y su experiencia como comisionada de la verdad en Guatemala.
“Posicioné el tema de la niñez, de las mujeres y de los pueblos indígenas”. Aprovechamos la visita de la excomisionada para conocer su experiencia y hacerle preguntas en clave de género.
Otilia es una mujer indígena del pueblo maya k’iché, además de excomisionada, fue ministra de Cultura y Deportes de Guatemala, representante de Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y diputada al Congreso de la República. También, en el año 2012 defendió la iniciativa de ley sobre consulta de explotación de recursos naturales en territorio indígena y participó en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones, donde se hizo la petición de crear el Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia, actualmente es la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Su experiencia y trabajo, por tanto, son de gran utilidad para guiar en temas de género y étnicos el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia.
Otilia hizo parte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Esta Comisión fue producto del proceso de paz llevado a cabo en Guatemala entre 1991 y 1996 entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Gobierno guatemalteco. El propósito de la CEH era esclarecer la historia de lo acontecido durante 36 años de conflicto armado interno para lograr la reconciliación entre los diferentes sectores de la población guatemalteca.
El funcionamiento oficial de la CEH comenzó con la firma de paz en 1996 y quedó integrada por tres miembros: Christian Tomuschat, jurista alemán delegado de las Naciones Unidas; Otilia Lux de Cotí, activista política y docente de la comunidad maya k’iché, en representación de las víctimas del conflicto; y Alfredo Balsells Tojo, profesor universitario.
El informe ‘Guatemala, memoria del silencio’, resultado de la toma de más de 7.000 testimonios, fue publicado en 1999. En él la CEH reconoce que el conflicto guatemalteco fue un genocidio en el contexto de una sociedad desigual y racista, en donde existió la participación de muchos más sectores como hacendados, empresarios y políticos.
En el siguiente video Otilia cuenta, como fue su experiencia dentro de esta comisión:
Otilia, como mujer indígena que participaba en espacios de disputa política, garantizó con su aporte que el proceso de investigación tuviera en cuenta de manera prioritaria a la niñez, las mujeres, los pueblos indígenas, el racismo ejercido por la violencia por el Estado y el ejército, y la impunidad política, militar, económica y jurídica.
Esto dio a lugar que dentro del capítulo segundo del informe final titulado ‘Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de la violencia’, se especificara la violación de derechos humanos por las condiciones específicas de su género, categoría ligada a dos poblaciones: indígenas y mujeres; y se resaltara la violación sexual y esclavitud de las mujeres mayas.
En el informe de la CEH se muestra que la práctica más recurrente fue la de violencia sexual. Esta práctica fue ejercida mayoritariamente por las fuerzas estatales en las comunidades indígenas maya. Uno de los resultados que arroja la investigación es que los integrantes del ejército y de la PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) recibían entrenamiento para normalizar la práctica de violación sexual durante masacres y ocupamiento de territorios indígenas. Este tipo de violencia contra las mujeres tuvo las siguientes características: mujeres indígenas en condición de desplazamiento; mujeres y niñas pertenecientes a familias que se acogieron a las amnistías; mujeres y niñas indígenas, detenidas durante los rastreos realizados por miembros del Ejército o de las PAC en las comunidades cuando los hombres no estaban presentes; todas permanecieron concentradas en los destacamentos durante días y hasta meses.
Al respecto, la excomisionada, afirma que la CEH encuentra que, a través de estas políticas del terror, la violencia sexual era una forma de atentar contra toda la comunidad y generaba un daño no solo individual sino colectivo. Además, el desplazamiento forzado y el asesinato de sus esposos, dejó a las mujeres sin tierra y tuvieron que transformar su rol tradicional para volverse, a su vez, esposo y esposa. Es decir, se volvieron la fuente fundamental de provisión de alimentos y de cuidado del hogar e hijos. La violencia perpetrada a mujeres fue específica y estratégica: disolución de la organización social de la comunidad, alterando los roles establecidos; desalojo y despojo del derecho a la tierra; y vulneración y violación al cuerpo social e individual.
En el siguiente relato Otilia relata cuales fueron los resultados de este informe, cómo fue su participación para garantizar que el enfoque de género hiciera parte de él y cuáles fueron las recomendaciones que quedaron frente a las mujeres y pueblos indígenas:
La implementación de los acuerdos de paz no fue perfecta; Otilia denuncia que después del proceso de paz, sigue sin admitirse la paridad entre hombres y mujeres y pervive la exclusión del ámbito político de los indígenas. Sin embargo, afirma que, en estos procesos, las mujeres viudas del conflicto armado “tuvieran eco” en las organizaciones sociales que se estaban forjando alrededor del concepto de paz. Esto significó una nueva forma de cohesión social, respaldo y lucha dentro de los espacios políticos tradicionalmente cooptados por los hombres.
Otilia le recomienda a la Comisión de la Verdad de Colombia, no tener miedo a hacer un llamado al Estado para que este se asegure de erradicar las violencias estructurales que permitieron el surgimiento del conflicto armado. Lo cual implica, según ella, exigir una revisión de la política fiscal, una reforma de los presupuestos, así como la reforma de la constitución y de la ley electoral y de partidos políticos. Esto último también con el fin de garantizar la inclusión de la participación política de las mujeres, las indígenas y las afrodescendientes.
De igual manera invitó a la Comisión a sacar grandes recomendaciones para la inclusión, la participación política a todo nivel, la igualdad el empoderamiento económico de las mujeres, que condenen las violencias basadas en género y que promuevan políticas para la prevención que permitan a las mujeres ser protagonistas de la defensa y promoción de sus derechos.
“Es el momento oportuno para escuchar a las excomisionadas en relación a su experiencia, tanto en el ejercicio como comisionada, también en el ejercicio de post comisión, qué hubo después de la comisión, sobre todo hablando de la justicia transicional”, concluye.
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