Memoria y justicia transicional

La memoria histórica nos permite conocer y reconocer los hechos traumáticos vividos por una sociedad como la colombiana. La memoria también nos permite conocer un pasado con muchos matices y actores, para así entender y comprender nuestro presente. Esto se refleja en la débil democracia que tenemos: siendo realistas, nuestra democracia se mantiene, pero todavía es de un bajo nivel desde su quehacer. Por eso tenemos un asentamiento en la cultura del olvido, que está promovido por los que quieren que el pasado se conozca vagamente.

La memoria es promovida por un movimiento sociocultural desde la sociedad civil, en el interés de divulgar hechos ocurridos en determinado tiempo. Por eso encontramos en la construcción de la memoria aspectos humanos, culturales y políticos, que deben ser muy claros para poder tener mejor percepción de los hechos vividos y por ende para poder profundizar en la verdad.

Los seres humanos construimos la historia de manera consciente o inconsciente, ya que los afectados de una u otra manera sufrieron hechos victimizantes. Es fundamental que los responsables de las violaciones a los derechos humanos estén presentes, porque la explicación de la verdad debe estar siempre acompañada de la justicia reparadora y restaurativa.

El miedo a la verdad sigue siendo dueño de las víctimas y nos ha vuelto negacionistas. Pero es necesario decir que este miedo es planificado y direccionado por otra clase de sujetos, que al hacer visible la violencia politizan los hechos vividos y les restan importancia.

Para recuperar la dignidad como pueblo, como sociedad, la memoria y la verdad deben estar juntas; solo así sanamos el alma y entendemos el horror vivido por la magnitud de las violaciones ejecutadas por sus responsables.

La memoria y la verdad deben plantearse desde la perspectiva de la investigación histórica, científica; no pueden separarse. No son elementos aislados, sino interrelacionados y dependientes de los hechos ocurridos, como los porqué, para qué, quiénes, dónde; así como de las familias y la sociedad en su conjunto.

En Colombia, la memoria y la verdad histórica se juntan para avanzar en el esclarecimiento profundo sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno. Hoy son necesarias y fundamentales esta verdad y esta memoria, así como la labor de archiveros, documentadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos y miembros de todas las ciencias sociales, dado que estas disciplinas se van trasformando en herramientas para el conocimiento de la verdad.

En un segundo momento debemos tener presentes los medios que permitirán divulgar la memoria y la verdad -periódicos, documentales, eventos, seminarios, charlas, exposiciones de fotografías- y la dimensión artística relacionada -novelas, películas, obras de teatro, música, entre otros.-.

Es necesario reconocer cómo Colombia ha venido realizando en las últimas tres décadas, en fases sucesivas, negociaciones políticas del conflicto armado con grupos al margen de la ley, como lo son las guerrillas y los grupos paramilitares. A diferencia de otros países, Colombia no ha podido realizar una negociación del conflicto armado interno donde estén involucrados, en una sola mesa, todos los actores del conflicto.

En esta lógica, los mecanismos de justicia transicional también se han ido adaptando a estas dinámicas. Ha habido debilidad en la implementación de esta figura de justicia, ya que las leyes y políticas se han ido construyendo de acuerdo con las negociaciones con el actor armado con quien se realiza el proceso y no con las víctimas como el eje central, si bien es fundamental reconocer los avances en las últimas décadas en torno a la visibilización, movilización y denuncia de las víctimas.

Algunas de estas leyes son la de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005 -resultado de la última fase de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia-, la ley 1592 de 2012 -que reformó en parte aquella ley-, y como parte de la reparación, la 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras y Bienes, que logró acuerdos por la verdad para menores de edad que hacían parte de este grupo armado. Por su parte, entre 2012 y 2016 con la FARC-EP se formularon leyes y políticas públicas. Hoy podemos decir que como requisito para ser beneficiado por esta justicia transicional, cada vez se les exige más a los perpetradores y se tiene más en cuenta la perspectiva de las víctimas.

Hoy se plantea un debate en la sociedad colombiana sobre los derechos a la verdad y a la justicia. Ello reitera la obligación del Estado de fortalecer el derecho el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Dado que el proceso de transición democrática busca el camino hacia la reconciliación nacional, es necesaria la reparación. Como un patrimonio colectivo de la sociedad, no puede haber democracia sin justicia ni justicia sin verdad ni memoria histórica. Escarbar en el pasado permite dar con los responsables de las violaciones de los derechos humanos y que la sociedad colombiana ejerza su derecho a conocer los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. Esto es fundamental para que esta historia no se repita, y como hemos dicho, para que logremos la conciliación como sociedad.