Barrancabermeja: la fuerza y persistencia de un pueblo por la vida

_{Por Águeda Plata Gómez* y Sofía Helena Reyes.}

El pueblo de Barrancabermeja es gestor de movimientos sociales desde 1924, que con fuerza y persistencia reivindicaban sus derechos correspondientes a “mejores condiciones de trabajo y vida, buen trato a los obreros colombianos, aumento salarial de 1,50 pesos a 2 pesos, derecho a leer la prensa, a tener jornadas de ocho horas de trabajo y respeto a las propiedades de los colonos” como está registrado en los pliegos de la época. Esto dio origen a la primera huelga de los trabajadores del petróleo en el país[1] y a una respuesta militar que buscaba la represión de las luchas sociales. Este es el origen de la fuerza organizativa de un pueblo y su persistente la lucha por la dignidad, mejores condiciones de vida, garantía de sus derechos, la construcción de la paz y la verdad.

A estas condiciones de fuerza social y persistencia por la vida, se suman las del desarrollo de la industria petrolera que ha permitido a este pueblo ser la primera ciudad intermedia del país esto según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entre  2011 y 2017, Barrancabermeja fue la séptima economía colombiana, ubicándose después de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. En ese sentido, es la segunda ciudad en importancia económica de Santander y una de las ciudades con mayor ingreso per cápita de Colombia.

Barrancabermeja en su historia ha sido escenario de conflicto armado urbano y ha vivido los impactos de las disputas territoriales rurales. En los años 80 y 90, en su cabecera se desarrolló la hegemonía de estructuras guerrilleras urbanas del EPL, FARC-EP y el ELN. También, en esa época, las fuerzas armadas del Estado aplican la estrategia de control de orden público denominada “guerra irregular” o de “lucha contrainsurgente”, con la que se buscaba cortar todos los apoyos que pudieran recibir los grupos subversivos, en la lógica de “quitar el agua al pez”

Esa estrategia se desarrolló en Barrancabermeja durante 1992 y 1993 con el pago de sicarios y fue conocida como la Red 07 de la Armada Nacional que asesinó a más de 68 personas, caso que fue documentado por la Corporación Regional de Derechos Humanos CREDHOS.

Al finalizar la década del 90, las estructuras guerrilleras con el Frente Urbano de Resistencia Yariguíes-  (FURY), el Capitán Parmenio del ELN, una unidad de las FARC-EP del Bloque Magdalena Medio y el frente Urbano Ramón Gilberto Barbosa del EPL, intensificaron las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, aumentaron las ejecuciones deliberadas y arbitrarias de personas que consideraban colaboradoras o simpatizantes de los militares y paramilitares, incluyendo a mujeres jóvenes que acusaban de informantes de los miembros de las fuerzas de seguridad. Asimismo, las acciones de limpieza social, el aumento de secuestros y extorsiones, fueron hechos que se sumaron a las condiciones para la entrada de los paramilitares.  En este contexto de aumento del secuestro (75 personas secuestradas en Barrancabermeja entre 1990 y 2000 según la UARIV), extorsiones y acciones militares indiscriminadas (paros armados, atentados contra la infraestructura, entre otros) ampliaron el desespero de algunos comerciantes y contratistas de Ecopetrol, quienes buscaban generar esquemas de seguridad y mejores condiciones para la inversión de capitales. En esa década, la ciudad registró 695 asesinatos de civiles[2].

La entrada formal del paramilitarismo a Barrancabermeja se consolidó con la ejecución de la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando un comando de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), que operaban desde el corregimiento de San Rafael de Lebrija, del municipio de Rionegro, al mando del Comandante Camilo Morantes, entró al corazón de la comuna siete, a la cancha del barrio María Eugenia, donde se celebraba un bazar por el día de las madres.

El comando, mediante el uso desmedido de la fuerza y la violación del principio de distinción, asesinó en la cancha a dos personas, subieron a un carro a 30 personas más, la sacó de la ciudad por la vía Barrancabermeja-Bucaramanga, luego en Patio Bonito, bajaron del carro a 6 personas, entre ellas a una mujer en embarazo a quien dejan libre, asesinan a los otros cinco y desaparecen el resto.

Esto ocurre en una ciudad que contaba con la presencia del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No.2 Nueva Granada, la Armada Nacional Incorporada por la Flotilla fluvial del Magdalena, El Batallón de Contraguerrilla Nº 45 Héroes de Majagual, el Batallón de Contraguerrillas Nº 5 Los Guames, la Policía Nacional y el DAS.

A partir de 1998, en Barrancabermeja se intensificaron las masacres como patrón de violencia que sometió a la población civil e impuso nuevas formas de control social y político.  En dos años, (de 1998 al 2000) se perpetraron tres masacres más: el 2 de agosto de 1998, 11 personas fueron asesinadas, en diferentes barrios y discotecas de Barrancabermeja, en búsqueda de auxiliadores del ELN; la del 28 de febrero de 1999, con un total de ocho personas asesinadas y dos desaparecidas; y la del 4 de octubre del 2000, en la que fueron asesinadas cinco personas, dos de ellas menores de edad. Las explicaciones de excombatientes del Bloque Central Bolívar en cuanto a la estrategia de avance dentro de la ciudad, y al reclutamiento de combatientes, señalan que “una noche nos acostamos guerrilleros y nos levantamos paramilitares”.

Luego de 22 años de estos hechos, el pueblo de Barrancabermeja y los movimientos sociales, obreros, campesinos, étnicos, populares y de víctimas persisten tejiendo paz al lado de las organizaciones sociales presentes hoy en la región, con la esencia de la memoria que clama por justicia, verdad y resistencia al olvido.

* Coordinadora en el Magdalena Medio de la Comisión de la Verdad  

[1] Vargas Velásquez, Alejo. Cinep 1992. Magdalena Medio Santandereano, Colonización y Conflicto Armado. P.52

[2] Fuente: Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política-CINEP (copiado de la página 10 del informe de Omar Gutiérrez).