En medio de la presión del desplazamiento forzado, el Magdalena Medio resiste y permanece

Por: Luis Hernando Briceño, investigador del núcleo de tierras, despojo y conflicto armado en Magdalena Medio de la Comisión de la Verdad.

Al observar el registro de hechos victimizantes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en el periodo comprendido entre 1984 y 2018 se encuentra que en los 44 municipios del Magdalena Medio se presentaron 515.119 victimizaciones, que corresponden a cerca del 6% del total nacional. El conflicto armado interno afectó a las personas a través de amenazas, masacres, secuestros, homicidios, minas antipersonal, actos terroristas, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamiento forzado y despojo de tierras o de otros bienes.  No es que tales afectaciones no hubieran sucedido antes, en las guerras pasadas como durante el periodo de La Violencia, sino que la estadística se hizo más precisa desde los años ochenta.

El desarraigo fue tan grave que si hoy ocurriera de nuevo el Magdalena Medio tendría que expulsar a más de la tercera parte de su población contra su voluntad. De igual manera, el despojo de tierras fue un fenómeno directamente relacionado con el desplazamiento y lo sufrieron principalmente los campesinos de esta región. Se calcula que, por lo menos, el 70% de los desplazados rurales, perdieron sus tierras. 

Las víctimas de desplazamiento forzado se desarraigaron de sus comunidades y de sus territorios. No solo perdieron sus tierras, sus cultivos, la posibilidad de producir alimento para sus familias, para la población de la región y para el país, también muchos de ellos entraron a formar parte de las comunidades pobres de las grandes ciudades, como Bucaramanga, Bogotá, o Medellín, destinos principales de los despojados del Magdalena Medio.

En la región el ciclo de despojo se repite, aunque cambien los actores en los escenarios de la guerra. En una situación así, solo el miedo y las confrontaciones de grupos al margen de la ley con el Ejército eran razones suficientes para desplazarse, y decidir entre defender la vida o perder sus tierras o, en el mejor de los casos, venderlas a muy mal precio.

La Comisión de la Verdad ha encontrado en el testimonio de las víctimas que esas tierras habrían sido despojadas para acrecentar haciendas ganaderas “en regiones donde hay más vacas que campesinos”, esto sugeriría que se pudo presentar el fenómeno de “ganaderización o  potrerización”[1], que los desplazamientos permitieron la expansión de la palma aceitera[2] o permitieron desarrollar proyectos mineros al hacerse con el control del territorio y de las tierras, para luego solicitar títulos mineros. “El control territorial ha requerido el afianzamiento de la economía de mercado en el ámbito rural y la concentración de la tierra a través de la reactivación de sectores tradicionales como la ganadería extensiva y la implementación de cultivos agroindustriales –la palma, entre otros– y la explotación minera. Ello facilitó el surgimiento de “autoritarismos subnacionales”, con los que las élites de la periferia acentúan el autoritarismo, el control territorial y capturan el poder local”.[3]  

También, en los momentos más agudos del conflicto armado, medianos y grandes propietarios, ganaderos y empresarios, en algunos casos fueron víctimas de secuestro, desplazamiento o despojo de sus tierras y sus patrimonios. Otros no podían ir a sus fincas y estas eran manejadas por mayordomos o administradores. 

El conflicto armado, además, no permitió las inversiones en el campo, pues eran pocos los que querían arriesgar sus capitales y, en este sentido, si el desarrollo del Magdalena Medio no hubiera sido desde la gran propiedad y la ganadería extensiva, el petróleo y la explotación minera, sino desde el desarrollo de la agricultura campesina, incluyente con las familias, su desarrollo se asemejaría al desarrollo del Eje Cafetero.

En el proceso de esclarecer la verdad, lo importante para las personas del Magdalena Medio es la terminación del conflicto armado y la restitución de los derechos afectados de todos los desplazados y despojados: campesinos, ganaderos y empresarios. También, se hace necesario implementar políticas distributivas para remediar la notoria concentración de la tierra en pocas manos, formalizar la propiedad con los debidos títulos y, de esta manera, potenciar un desarrollo sostenible, con producción de alimentos para la seguridad alimentaria local y regional, asimismo hacer ganadería intensiva generadora de empleo y mejorar las inversiones en infraestructura. Todo esto con la intención de garantizar una vida digna y en paz, dentro de un modelo económico incluyente, equitativo y sostenible.

[1] Agencia de Noticias UNAL. Artículo “En Colombia, las vacas tienen más tierra que los campesinos”

[2] “La sospecha sobre una relación importante entre la expansión acelerada del cultivo de la palma y el papel de la dinámica paramilitar en el caso colombiano no es una invención”. PEREZ, Flor Edilma. “Tramas entre el paramilitarismo y palmicultura en Colombia”. Universidad Javeriana, página 12. 2005.

[3] Ibidem