Un fiscal con rostro

En las épocas más duras del paramilitarismo en Colombia, hubo fiscales que se la jugaron con todo. Me refiero a la vida. También jueces, procuradores, personeros y agentes del CTI. He conocido a muchos en el exilio. Una parte muy decente del Estado se vio así sin protección. Cuando las cosas iban avanzando, o sea iban bien, para ellas y ellos las cosas se pusieron peor. Dos movimientos que deberían ir en la misma dirección, como una ecuación de la justicia: a bien para las investigaciones, mejor para sus responsables. Aunque ese ha sido un problema de la justicia en Colombia.

Los hechos son tozudos, pero cuando los escucha una comisión, o un juez, tienen otra dimensión. No dejan de ser lo que son, pero la legitimidad de lo vivido, que siempre en una guerra es parte de la disputa, sale por encima de las olas y la vida de los derrotados se convierte en un referente para otros. Las jurisprudencias de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son un claro ejemplo. También en Colombia, las sentencias de la Corte Constitucional son una referencia en la defensa de los derechos, aunque tantas veces la distancia entre las sentencias y la realidad de la gente sea aún kilométrica. Las víctimas de tanta violencia han ido teniendo logros en muchos de esos escenarios, sobre cosas que en otro tiempo parecían impensables, por ejemplo, sobre violencia sexual o sobre los impactos en los ríos, convirtiendo en derecho lo que estaba oculto o era solo parte del paisaje.

Varios de esos funcionarios de justicia tuvieron que salir del país por las amenazas, e incluso fueron declarados insubsistentes, es decir que se quedaron sin trabajo y sin derechos. Una sentencia aún de pan caliente del Consejo de Estado, refiere que en el caso de un fiscal sin rostro que tuvo que salir al exilio, la Fiscalía argumentó ante el Consejo de Estado que había actuado de forma paranoica e infundada. A los exiliados se les niega casi todo. A él la versión oficial le quitó la legitimidad de su trabajo, porque se decía que en realidad quería ir a escribir textos literarios al extranjero con su hija.

La sentencia reconoce el daño antijurídico del exilio y del insilio. Es decir, también la experiencia de los familiares que tuvieron que quedarse, porque el impacto de las pérdidas, la separación familiar crónica y el miedo, no afectaron solo a los que tuvieron que irse, sino a los que se quedaron. En esto, es la primera sentencia que lo hace. En el reconocimiento del exilio, es la segunda. El no tener rostro era una manera supuestamente de proteger a los fiscales o jueces, aunque tenía tantas otras consecuencias negativas, pero las redes a las que investigaban sabían todos los datos que hacían falta. Ahora tiene nombre y rostro, Carlos Bonilla. Y gracias a su persistencia estamos aquí. Hemos tomado testimonio en la Comisión de la Verdad también de otros.

El exilio era hasta ahora un no lugar invisible. El mundo jurídico no es la realidad, aunque a veces se la confunde, pero es una forma de validación social del sufrimiento también. Esta vez, del exilio y del insilio que son parte de esta ruptura del tejido social de la guerra. Esta mañana empieza a entrar por la ventana, un rayo de sol, esta sentencia del 17 de abril de 2021 con un largo número 44198, y se podrá ver más. La sentencia administrativa condena a pagar por el daño sufrido y a reconocer la persecución de que fue objeto el fiscal, así como a publicar una disculpa. Ojalá esa disculpa no mire solo hacia atrás, sino hacia esa conjunción de las dos cosas que, para que este país se recupere, tienen que ir juntas y bien.